Alexis Blancas
Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permanezca en prisión y responda ante la justicia por los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Durante un mitin realizado en el antimonumento por los 43 en Chilpancingo, los familiares fijaron su postura tras la detención del exmandatario estatal, durante el desarrollo de su segunda audiencia judicial en su contra.
Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los desaparecidos, expresó que “exigimos al juez que no debe dejar en libertad a Ángel Aguirre Rivero; tiene que permanecer en la cárcel el resto de su vida, porque nos ha hecho sufrir 12 años sin tener a nuestros hijos, sin saber dónde están. Él, como gobernador aquí en Guerrero, tuvo conocimiento de todo lo que estaba pasando”.
Por lo que hizo un llamado a los jueces a actuar con responsabilidad y aplicar la justicia, además de evitar que el exgobernador sea absuelto.
Los padres advirtieron que la detención de Aguirre Rivero no debe convertirse en una nueva promesa incumplida ni en una simulación de justicia, por lo que demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias.
Consideraron que Ángel Aguirre debe asumir las consecuencias de las decisiones y omisiones de su administración en materia de seguridad durante aquella noche.
Asimismo, pidieron que durante el proceso judicial el exgobernador de Guerrero proporcione información que permita esclarecer qué ocurrió con los estudiantes y determinar quiénes participaron en su desaparición.
Los padres también exigieron que las investigaciones alcancen a otros funcionarios, entre ellos el exprocurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, a quien pidieron investigar y detener si se demuestra su participación en los hechos.
En sus declaraciones, rechazaron la versión que atribuye la desaparición de los estudiantes únicamente a la delincuencia organizada y sostuvieron que en los hechos existió participación de corporaciones policiacas y militares, así como de funcionarios de los gobiernos estatal y municipal.
Finalmente, advirtieron que a casi 12 años de la desaparición de sus hijos, continuarán en las calles hasta encontrarlos y lograr justicia.