Ana Lilia Torres
ACAPULCO. —La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez afirmó que el asesinato ocurrido el viernes en una cancha de la Unidad Deportiva Vicente Suárez es “una cuestión de bandas”, que le corresponde investigar a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entrevistada al término de la presentación del Proyecto Expo-Comer 2023, con el embajador de Panamá en México, Alfredo Oranges Bustos, la alcaldesa porteña fue cuestionada sobre ese crimen y los últimos acontecimientos de violencia en Acapulco.
Abelina López dijo que como lo declaró en días pasados el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, los hechos delictivos obedecen a “una cuestión de bandas” que están en pugna para el control de territorios.
“Ese trabajo le corresponde a la Fiscalía y tendrá que investigar. Nosotros tenemos que seguir trabajando en el tema de proximidad y la prevención del delito”, señaló la primera autoridad municipal de Acapulco.
En ese sentido, confirmó que dentro de tres semanas llegarán 100 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública y cuatro ambulancias para seguir trabajando en el tema de la prevención.
Al insistirle en que los agresores irrumpieron en un espacio público, la alcaldesa dijo que eso “es parte de la investigación que tendrá que realizar la Fiscalía, nosotros no tenemos esas facultades”.
En el caso de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación al Ayuntamiento de Acapulco por 64 millones de pesos, la alcaldesa dijo que corresponden a la administración pasada y tendrán que subsanarlas.
Con respecto a la reunión que sostuvo con las autoridades de Conagua y Sedatu, dijo que abordaron el tema de una mezcla de recursos de 290 millones de pesos para obras de saneamiento de la bahía, de los cuales aportará 29 millones el municipio.
Pidió a las instancias federales se pueda concretar esta inversión para continuar con el colector de La Diana a Manzanillo, del Morro al Ayuntamiento y de Torres Gemelas a la Base, además atender la contaminación de la laguna negra de Puerto Marqués y los escurrimientos de aguas residuales, que requieren 60 millones de pesos.
