•  La Secretaría de Gobernación informó que el viernes pasado, por decisión de los integrantes del gabinete de seguridad, el viernes se presentó la querella contra el juzgador por “delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”

Jesús Saavedra

El gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del juez federal, Samuel Ventura Ramos, a quien acusan de “delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.

A través de un comunicado, la Segob explicó que por un acuerdo de quienes integran el Gabinete de Seguridad, el pasado viernes “se presentó denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa”.

Señala que las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron a la FGR para ingresar la citada denuncia.

Informaron que en la denuncia en contra de Ventura Ramos “se le señala por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.

En el comunicado, la Segob recuerda que hace unos días, el juez Ventura Ramos dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra el estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Aldo “N”, en Iguala, quien desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativoluego de recibir un disparo en la cabeza.

“Pese a ello, los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”, asevera la Segob en el escrito.

Señala que el 14 de septiembre pasado, el mismo juzgador Ventura Ramos “también dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos”.

Precisa que en total, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de acusados de participar en la agresión contra normalistas, hace 8 años, situación que orilló al gobierno federal a presentar esta denuncia penal ante la FGR el pasado viernes.