• Son 87 plazas de base entregadas a personal administrativo de nuevo ingreso a esa institución de educación media superior en la pasada administración, reveló el contralor Eduardo Loría

Redacción 

El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova señaló que en caso de ser necesario, solicitaría a la Fiscalía General del Estado de Guerrero investigar el otorgamiento irregular de plazas en el Colegio de Bachilleres, durante la gestión de Fermín Alvarado Arroyo.

Entrevistado en un noticiero de radio de Acapulco, el funcionario explicó que en la auditoría aplicada al Cobach se detectó “una irregularidad al basificar a 87 personas de manera irregular”.

Abundó que gran parte de las personas basificadas en la pasada administración eran “de nuevo ingreso, parte son personas que quedaron de confianza y parte son personas que ya laboraban ahí”.

“Se basifican sin cumplir la normatividad para basificación, (que) tiene exigencias muy especiales, entre ellas ciertos años de antigüedad”, acotó.

Recordó que derivada de la auditoría fue emitida una recomendación, “en la que básicamente” se indica que, “fueron expedidos 87 nombramientos de base, en contravención a las disposiciones normativas” de la Ley 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.

El pasado martes, Loría Casanova ofreció una conferencia en la sede del Poder Ejecutivo en la que informó algunos de los resultados a una auditoría practicada al Colegio de Bachilleres, cuyo déficit financiero asciende unos 900 millones de pesos.

Sobre las sanciones que se podrían aplicar a las personas que fueron beneficiadas de manera irregular con las bases explicó que “atnteriormente, cuando la sanción o la irregularidad implicaba un monto, muchas veces la Auditoría Superior o la Secretaría de la Función Pública, se solicitaba el reintegro y anteriormente se reintegraba la cantidad y digamos que quedaba solventada. Hoy aun cuando se reintegrara la cantidad, no tenemos calculado el monto;también tenemos que hacer una sanción de carácter administrativo.¿Por qué? porque lo que busca la sanción administrativa es evitar, prevenir que se vuelva a incurrir en este hecho”, subrayó.

Remarcó que “como Secretaría de Contraloría, somos la instancia facultada para sancionar administrativamente, el proceso implica calificar la falta y esta  tendría que ser turnada al Tribunal de Justicia Administrativa y si es necesaria de daría parte a la Fiscalía General del Estado”.