- El abogado de ‘Tlachinollan’ dijo que cuando hablan con el presidente sobre la responsabilidad de militares en la desaparición de los normalistas, “hay posiciones tensas” e “inconformidad”
- Denunció que existe hostigamiento contra el movimiento por parte de la Guardia Nacional, porque además de limitar las manifestaciones en casetas de la autopista, han seguido a los padres de los estudiantes
Jesús Saavedra
La petición expresa de investigar de manera directa a los elementos del Ejército por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala en septiembre de 2014, ha provocado “fricciones” con el presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, quien consideró “irresponsable” afirmar que los jóvenes están muertos, como lo dijo el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida.
Entrevistado ayer durante la marcha por el 50 aniversario de la muerte de Genaro Vázquez Rojas, en la que participaron cientos de alumnos de la Normal de Ayotzinapa, el activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ dijo que desde hace meses, en la Mesa de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa ha habido desencuentros con el gobierno que encabeza López Obrador.
“Ha habido fricciones a raíz del tema de la responsabilidad de los militares, de la responsabilidad del Ejército mexicano (en la desaparición de los 43 normalistas), hay posiciones tensas entre el gobierno y los padres de familia”, señaló.
Advirtió además que el operativo de la Guardia Nacional para evitar la toma de casetas por parte de normalistas “complica mucho más” la situación, “porque hay una acción restrictiva de la protesta a los padres de familia”.
Dijo que esas “fricciones” son con el propio López Obrador y todo el aparato del gobierno federal, y se “deben al tema de investigar al Ejército” por lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Rosales Sierra dijo que “no sé si va haber una embestida de represión, de endurecimiento” por parte del gobierno federal, “pero en las mesas habido fricciones, desde el presidente hasta otros niveles por el tema del Ejército mexicano, cuando se pone en la mesa, no gusta, causa inconformidad”.
Reveló que han accedido a archivos del Ejército de la 9ª Región Militar, de la 35 Zona Militar y del 27 y 47 Batallón de Infantería, y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “encontraron esta intercepción telefónica entre un supuesto miembro de Guerreros Unidos y un supuesto personal de Seguridad Pública de Iguala, y la fricción ahí se dio, porque los padres decían que faltaba más, faltaba mayor disposición del Ejército mexicano, y el presidente dijo ‘ya lo he dado todo, he dado orden para que se acceda a los archivos, es una muestra de la voluntad política de mi gobierno’”.
Vidulfo Rosales detalló que la última fricción con las autoridades federales fue en diciembre pasado, “cuando el gobierno decidió hacer pública esa conversación y los padres de familia y nosotros considerábamos que esa conversación era susceptible de jalar hilos y profundizar en una línea de investigación que no era susceptible de publicarlo, y ahí se dio otra fricción fuerte con el gobierno federal”.
A pregunta expresa de un reportero, el abogado señaló que hasta el momento no han pensado en “un rompimiento” con el gobierno federal, “pero si hay tensiones”.
Por otra parte, al referirse a las declaraciones del dirigente del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, en el sentido que los 43 normalistas desaparecidos están muertos, el abogado admitió que los padres de los normalistas desaparecidos “están claros que hay tres estudiantes identificados, pero falta el resto; entonces la lucha es para la continuación de la investigación, la continuidad de la búsqueda para identificar al paradero”.
Consideró que afirmar “que los estudiantes están muertos es una declaración irresponsable, irrespetuosa para los padres de familia, y revictimizante”.
Rosales Sierra añadió: “yo creo que Ángel Aguirre es un perpetrador, él está siendo investigado por estos hechos, se le sigue una línea de investigación y pues es natural que personajes cercanos a él hagan declaraciones subjetivas a irresponsables”.
Sobre el operativo policiaco que inició el fin de semana pasado para impedir que los normalistas tomen las casetas en la Autopista del Sol, dijo que “nos preocupa un poco estas restricciones en Guerrero de la Guardia Nacional”, porque “no solo es el tema de la caseta”, sino que el martes “los padres fueron hostigados cuando fueron Acapulco, la Guardia Nacional los siguió, cuando regresaron también”.
También informó que hay disposición de renovar la vigencia del GIEI, que es un órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de asistencia en la investigación, pero que en ese grupo “se tendrá que hacer una valoración de qué tantas facilidades, se le está permitiendo avanzar en la investigación, porque ellos también han tenido obstáculos del Ejército mexicano. Aun cuando el presidente dio todas las facilidades, ha habido obstáculos, malos tratos de los mandos militares y ellos valorarán si todavía hay condiciones para que sigan aquí trabajando o ya no”.
Rosales Sierra señaló que desde septiembre pasado no hay una audiencia directa con el presidente López Obrador, “son meses muertos en que no ha avanzado y el Ejército se ha negado a dar información” sobre el caso.