- Unas 20 familias que hace 9 años dejaron sus hogares en La Laguna, en la sierra de Tierra Caliente, viven precariamente en La Libertad, en la Costa Chica, y aún temen que sicarios quieran agredirlos
Jesús Saavedra
AYUTLA.— Una veintena de familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, alertaron que han recibido amenazas de muerte por lo que pidieron a las autoridades estatales reponer las medidas cautelares con presencia de policías del estado para evitar una agresión armada.
Además, denunciaron que a siete años de su desplazamiento forzado el gobierno federal y estatal no ha cumplido con darles condiciones de vida digna y con posibilidad de tener trabajo para sostener a sus familias.
En 2011, un grupo armado del municipio de Coyuca de Catalán obligó a salir a un centenar de familias de la localidad de La Laguna, en la zona de la Sierra, quienes en una primera instancia se refugiaron en la localidad de Puerto Las Ollas, municipio de Petatlán, que posteriormente abandonaron por temor a agresiones.
Fue así que llegaron en marzo de 2013 en condición de desplazados a la comunidad que han llamado La Libertad, la misma a la que en junio del 2013 llegaron tres sicarios armados con cuernos de chivo quienes pretendían asesinar a las familias.
Los tres pistoleros fueron abatidos por policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y desde esa fecha se decidió brindarles medidas cautelares, con la presencia de un grupo de la Policía del Estado, los cuales fueron retirados desde hace tres meses.
Este jueves, los representantes de esas familias desplazadas ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que desde hace una semana han recibido amenazas de que nuevamente habrá una incursión armada en su contra.
Dijeron que temen por la integridad de sus familias y pidieron al gobierno del estado “que actúen de manera responsable y eviten que se siga derramando sangre de gente inocente; retiraron a la Policía del Estado desde hace tres meses y ahora estamos expuestos a una nueva agresión”, aseveró doña Mariana Díaz Pérez.
La jefa de una familia desplazada recordó que ellos fueron los primeros a los que grupos armados obligaron a salir de sus hogares desde el 2011, y luego desde el 2013 les dieron ese sitio donde les prometieron que les darían condiciones de vida, pero “no se nos ha cumplido nada”.
Recordó que el Congreso del Estado aprobó por su caso la Ley 487 de Desplazamiento Forzado Interno para establecer obligaciones legales de las autoridades con quienes están en esa condición, “pero es letra muerta, no tenemos ni para comer, de manera forzad tuvimos que agarrar cada quien su camino y acá nos tienen sufriendo y sin atención integral”, añadió.
La señora Díaz Pérez recordó que cuando tuvieron que desplazarse las autoridades les dijeron que les iban a donar tierras para siembra, la construcción de viviendas, proyectos productivos, becas, salud y seguridad, “pero hasta el momento no nos ha cumplido y sólo nos han engañado”.
Explicó que ella empezó a tener ingreso económico como comerciante, pero ya no siguió con esa actividad luego que en el 2018 asesinaron a tiros a su hermano, Constantino en Ayutla, “tenemos miedo hasta de salir y no hay apoyo de las autoridades para mantener a nuestras familias”.
Agregó que de manera extraordinaria han podido recibir ayuda de un Comité de Apoyo que lo conforma Gonzalo Molina González, Enriqueta Chávez y Hoguer Morales Miranda, quienes les han impartido talleres para elaborar pan, hacer guaraches y cloro, con lo que obtienen algo de recursos para poder subsistir; “sabemos trabajar, queremos que nos den herramientas, no que nos mantengan las autoridades”, añadió.
Doña María del Carmen Santana Alonso exigió también al gobierno del estado y federal la libertad de los señores Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso que son parte de esas familias desplazadas y quienes se encuentran presos, “por delitos que les han inventado, son presos políticos los compañeros”.
En la conferencia, el profesor Morales Miranda dijo que esas familias están igual que como llegaron en el 2013 a este municipio de la Costa Chica; “acá viven 20 familias, solo 9 casas les han construido y el resto vive como puede y sobrevive como puede también”, dijo.
Lamentó que el gobierno del estado no cumpla con las obligaciones que establece la Ley 487 de Desplazamiento Forzado Interno, y recordó que “estas familias son los primeras desplazadas en Guerrero hace ya 9 años y el problema sigue creciendo, ya hay más desplazados en Chilapa, en Chichihualco, aquí mismo en Ayutla; es un problema fuerte a pesar que hay una ley que respalda a los desplazados”.
Morales Miranda explicó que esas familias necesitan de que les den “tierra para sembrar, ahora se acomodan con propietarios de terrenos para sembrar a la mitad en terrenos prestados, es dura la situación y se está agravando por esta pandemia del coronavirus”, agregó.
Indicó que han llegado despensas, pero por la contingencia sanitaria, “el resto del año no. La exigencia al gobierno del estado y federal es que ponga atención al desplazamiento forzado”, insistió.
Aseguró que es preocupante la “situación de inseguridad”, porque desde la “hay una amenaza de volver a agredir a los compañeros que están en peligro, estamos hablando de adultos, niños y mujeres, exigimos al gobierno que restaure las medidas cautelares para evitar que haya muertes que lamentar”.
Señaló que como Comité de Apoyo “vamos a decomisar a las empresas sus productos para darlos a los compañeros, no estamos robando y si el gobierno no cumple, se tienen que hacer otro tipo de acciones”.
Añadió que “el movimiento social y el movimiento armado ha buscado la manera que los compañeros que no tienen para comer y para vestir lo hace decomiso para dárselo a los compañeros”.
Finalizó diciendo que están dialogando con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, “para que haya atención de manera inmediata; hay órdenes de aprehensión contra personas que no han cometido delitos, los que deberían estar detenidos, no están detenidos, y los que no son delincuentes los tienen presos y con órdenes de aprehensión”, repochó.