• * Mariana García, de Morena, consideró que al castigar con hasta 12 años de cárcel a quienes provoquen el desplazamiento forzado de personas, el problema disminuirá en el estado

Ana Lilia Torres

ACAPULCO.— La diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mariana García Guillén aseguró que hay 2 mil 162 familias desplazadas por la violencia en comunidades del estado y que éste es un problema que no han logrado contener las autoridades.

En entrevista, la legisladora señaló que los desplazamientos forzados de personas por debido a las acciones de grupos criminales se presentan principalmente en las comunidades de las regiones de Tierra Caliente, Montaña y Costa Chica de Guerrero.

“Son 2 mil 162 familias desplazadas en Guerrero, y en todos México hay alrededor de 35 mil desplazados por el problema de violencia”, indicó Mariana García Guillén.

Informó que en el Congreso del Estado se dictaminó una iniciativa de ley para catalogar en el Código Penal el desplazamiento de personas como un delito grave, con lo que esperan que disminuya esta problemática derivada de los conflictos entre grupos criminales que operan en diversas regiones de la entidad.

Mencionó que esta ley castiga con penas de 6 a 12 años de cárcel a quienes provoquen el desplazamiento forzado de personas y multas económicas, entre otras disposiciones.

“Este es un dictamen que ya está en el Código Penal, que tipifica como delito el desplazamiento de un lugar a otro de personas por presiones de violencia, y luego la pena que va de 6 a 12 años de cárcel y de 300 a 600 salarios mínimo de multa, a las personas que provoquen la salida forzada de ciudadanos de sus propiedades”, indicó García Guillén.

Una vez que se cuenta con esta nueva figura legal, la diputada de Morena señaló que los afectados deberán de presentar una denuncia, con la finalidad de que la Fiscalía General del Estado, abra una carpeta de investigación y se pueda fincar responsabilidades de acuerdo a lo que marca la nueva ley en contra de los responsables.

García Guillén manifestó que el desplazamiento forzado de personas sigue siendo un problema latente en el estado de Guerrero, que las autoridades no han podido reducir y se espera que con la nueva ley disminuya este fenómeno de salida de familias de sus comunidad por la inseguridad.