- Fiscalía del estado ofrece detener a todos los implicados en la muerte de Cerón.— Se dispara la violencia en el país; suman 32 mil 565 asesinatos en 11 meses.
Enrique Vargas Orozco.
La localización del cuerpo del luchador social Arnulfo Cerón provocó una reacción de enojo y de exigencia de que se haga justicia y se aplique la ley con firmeza, sin limitarse a los detenidos como autores materiales de esa muerte tan repudiada por la sociedad guerrerense.
Pudo localizarse el cuerpo porque los acusados señalaron el sitio donde lo sepultaron, aunque la intención era que nunca lograran encontrarlo, porque se cavó una fosa de mayor profundidad a las que se han localizado en otros casos, de modo que sólo con la ayuda de maquinaria pesada se pudo profundizar lo suficiente para dar con el cuerpo que ya tenía más de 30 días de haber sido privado de la vida.
El fiscal Jorge Zuriel de los Santos tiene un gran compromiso con la sociedad, con los familiares de Cerón y con las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los grupos desprotegidos que hay en el estado, de manera que debe hacer un trabajo a fondo y señalar a los responsables intelectuales de ese crimen, sin importar su posición política o social.
Malo sería que no lograra definir con claridad y sin dar lugar a dudas importantes, a los autores intelectuales de ese crimen, que ha llamado poderosamente la atención a nivel estatal y nacional, hasta con trascendidos internacionales.
Se apunta que podrían ser investigados el alcalde de Tlapa, de filiación morenista y su secretario de gobierno, los que serán sometidos a una indagación importante para determinar su presunta participación o para que a través de ellos se pueda llegar hasta los autores intelectuales del crimen de un destacado luchador social.
El gobernador Héctor Astudillo ha estado muy al pendiente de este caso, por lo que ha mostrado su interés y determinación de colaborar con la Fiscalía para evitar que prevalezca la impunidad en torno a los asesinos que sacrificaron a Arnulfo Cerón.
SE DISPARA LA VIOLENCIA EN EL PAÍS; SUMAN 32 MIL 565 ASESINATOS EN 11 MESES.— En el actual gobierno, que preside AMLO, se tienen registrados más de 32.5 mil asesinatos, de los cuales se señalan como dolosos 31 mil 632, más 933 feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Realmente son cifras alarmantes que no se habían presentado en el país en una etapa que no registra un estado de Guerra, como lo fue la etapa de la Revolución Mexicana.
Aparte de las muertes señaladas se tiene registro de 1,564 secuestros y 1,915 extorsiones, por lo que existe un clamor social cada vez mayor de que se busque la manera de frenar ese elevado número de homicidios y feminicidios y otros delitos, que tienen colocado a México como el país donde hay mayor violencia contra la sociedad a pesar de no haber un estado de Guerra.
Esta grave situación, derivada de datos del gobierno, fue comentada por varios legisladores panistas, quienes destacaron que los delitos de alto impacto siguen aumentando día con día, ya que se observan las cifras en permanente crecimiento, sin que se advierta alguna acción del gobierno, a través de las corporaciones de seguridad pública, para tratar de contener la expansión delincuencial.
Está claro que la supuesta estrategia del presidente AMLO está fuera de la realidad pues insiste en no enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada con la fuerza de las armas, amparadas en la ley, misma que advierte que la primer obligación de un gobierno es garantizar la seguridad a los habitantes del país, tanto en su persona como en sus bienes y propiedades.
Sin embargo la política del presidente, como lo ha manifestado constantemente, es no acudir ni promover los enfrentamientos con la delincuencia, porque señala que esa forma de combatir a la ilegalidad ha fracasado, pues a pesar de haber tantos muertos el problema se mantiene en condiciones cada vez peores.
Tampoco hay constancia en el mundo que ofrecer abrazos en lugar de balazos haya rendido buenos resultados y haya dado como consecuencia que la delincuencia se retire y deje de actuar contra la sociedad.
La delincuencia organizada va por los grandes botines que deja el narcotráfico, la extorsión y el robo de las propiedades de los particulares, especialmente a casas habitación y de automóviles, que se encuentra en un nivel muy elevado.
Sin embargo, El Peje supone que repartiendo el dinero del presupuesto del país en pequeñas cifras entre una cantidad amplia de personas hará que dejen de delinquir, lo que seguramente resultará ser una idea muy equivocada.
Los integrantes de los grandes grupos delincuenciales no se van a limitar a recibir una beca o un apoyo mensual de unos cuantos miles de pesos, porque es obvio que los hechos delincuenciales dejan ganancias mucho más elevadas, derivadas del narcotráfico, de los secuestros, las extorsiones a empresarios y comerciantes en cifras importantes y en una cantidad considerable de gente sometida a esos gravámenes ilegales.
Esa forma de supuestamente combatir a la delincuencia no puede rendir los resultados que se esperan y que se reclaman, porque sólo está dirigida a la delincuencia menor, a los ladrones de cantidades y objetos de muy bajo valor.
Es sabido que el narcotráfico y los secuestros y extorsiones rinden utilidades de miles de millones de dólares anuales, de modo que habrá que preguntarse si AMLO dispondrá de las cantidades necesarias para que esos grupos dejen de delinquir y se conformen con la ayuda que les ofrezca el gobierno, lo que realmente se advierte como casi imposible de que ocurra.
En tales condiciones, la delincuencia no dejará de crecer con este gobierno y cada vez los mexicanos enfrentarán situaciones más peligrosas y violentas, sin que el gobierno haga lo necesario para reducir ese enorme flagelo.
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