* Legisladores del PRD y del PRI lamentaron que el Congreso del Estado cite a funcionarios a partir de información publicada en medios de comunicación
* Arturo Martínez y Mariana Guillén, de Morena, terminaron preguntándole al Jorge de los Santos cómo es que sabe la dirección precisa del inmueble y si él o su familia lo han visitado
* El fiscal presentó pruebas de que el propietario de la casa es una empresa denominada ‘Castillo Trinidad y Asociados’, con la cual no tiene relación alguna
Gilberto Guzmán
El fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrilla compareció ayer ante diputados locales y rechazó ser propietario de una mansión por la que habría pagado 10 millones de pesos, a pesar de que su valor real es de 20 millones, que no cuadran con el salario de 80 mil pesos mensuales que recibe y los cuatro meses que lleva en el cargo, como lo publicó hace unos días el diario Reforma.
Y a pesar de eso, los diputados Arturo Martínez Núñez y Mariana García Guillén, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes fueron colaboradores del ex gobernador Ángel Aguirre, terminaron preguntándole al fiscal si él o alguno de sus familiares ha visitado esa residencia ubicada en exclusiva zona de Acapulco, pero el funcionario los ignoró.
Este martes, se desarrolló la comparecencia del fiscal promovida por los legisladores de Morena, motivada por la publicación de la nota titulada “Estrena Fiscalía y mansión” el pasado 5 de septiembre en Reforma.
El informe del Fiscal
La comparecencia se realizó en dos rondas de preguntas y respuestas, con la participación de tres diputados que tuvieron derecho a réplica, en caso de que el funcionario no respondiera lo que se le estaba preguntando.
De los Santos Barrila leyó un informe que se difundió previamente en medios de comunicación, en el que aporta pruebas documentales para negar ser propietario de esa residencia.
“Se consigna el contrato de compraventa en favor de ‘Castillo Trinidad y Asociados’, Sociedad Anónima de Capital Variable, siendo administrador único el señor Rodolfo Castillo Hernández, del inmueble conocido como Villa 4, del condominio La Cima, ubicado sobre la Avenida de la Cañada y Avenida Escénica del lote de terreno marcado con el número B-9C de esta ciudad y puerto de Acapulco”, mencionó.
El fiscal agregó que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Acapulco, “hace constar que el suscrito no he adquirido ningún bien inmueble, no he solicitado inscripciones de compraventa, ni solicitud de anotaciones preventivas respecto de ningún bien inmueble en Acapulco de Juárez, Guerrero, desde el 2015”.
Informó a los diputados que envió carta aclaratoria a Reforma, que se publicó el 6 de septiembre, en la que rechazaba tener propiedad alguna en esa zona residencial, y reiteró que su domicilio está en Chilpancingo, mientras que en Acapulco ha vivido en la misma dirección desde hace diez años.
“Es lamentable que un medio tan importante a nivel nacional haya sido sorprendido, sin consultar la información pública de las diversas instituciones (…) Reforma, primeramente, no fue capaz de rectificar cuando difama o se equivoca. Solamente le interesa representar los intereses de personas y no de la verdad”, señaló.
PRI y PRD cuestionan comparecencia
La primera en preguntar fue la diputada perredista Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, quien dijo que el PRD está en contra de que la agenda del Congreso se tenga que definir a partir de la publicación de una nota periodística.
Cuestionó al fiscal qué relación lo une con la empresa “Castillo Trinidad y Asociados”, cómo obtuvo la escritura pública que presenta y si es amigo del representante legal de la empresa que aparece como propietario de la residencia, además si ejerció o ejercerá acción legal contra el periódico Reforma por la publicación que motivó su comparecencia.
“Esperamos no enterarnos posteriormente que la casa que se señala adquirió la esté ocupando bajo un prestanombres”, advirtió la perredista.
De los Santos Barrila respondió que la nota periodística no tiene sustento y ni siquiera está firmada, y que la desinformación deja en estado de indefensión a cualquier ciudadano; negó que tenga relación con la empresa “Castillo Trinidad y Asociados”, y dijo que la documentación la obtuvo ante la delegación del Registro Público de la Propiedad en Acapulco, pagando los trámites correspondientes, como cualquier ciudadano.
Dijo que analiza ejercer acción penal contra el periódico, porque lo afectó a él y a su familia.
El priísta Jorge Salgado Parra cuestionó que el Morena haya recurrido a su mayoría para llamar a comparecer al funcionario “por una simple presunción”, y le preguntó al fiscal si presentó su declaración patrimonial 3de3, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El fiscal dijo que es “una persona recta, comprometida con su trabajo”, que ha presentado sus declaraciones patrimoniales y de intereses, y que en esas declaraciones se puede constatar que no tiene ninguna relación con la empresa propietaria de la residencia en Acapulco ni con sus administradores, además de que presentó copia del acta constitutiva de la misma.
¿Ha estado en esa residencia?
Arturo Martínez Núñez, de Morena, quien presentó el punto de acuerdo para citar a comparecer al fiscal, cuestionó cuál es el salario bruto y neto por sus funciones como fiscal, su domicilio actual en Acapulco, si tiene ingresos por viáticos, gastos de representación, bonos o seguros en la FGE, si recibe ingresos por otras actividades en la administración pública federal, estatal o municipal o actividades en el ramo comercial, industrial o de prestación de servicios.
También le preguntó cuáles son los bienes inmuebles que forman su patrimonio, el de su esposa y el de sus hijos, así como el número de escoltas asignados a su seguridad personal y dónde se hospedan él y sus escoltas cuando están en Acapulco.
“Señor fiscal, ¿puede indicarnos con contundencia y claridad, si habita o ha habitado, o ha pernoctado en la casa habitación a la que hace referencia el diario Reforma?”, cuestionó.
Preguntó también al funcionario si tiene algún tipo de conflicto con el anterior fiscal general de Guerrero, Javier Olea Peláez.
De los Santos Barrila respondió que su salario bruto es de 80 mil pesos mensuales, vive en Chilpancingo y su domicilio en Acapulco está en Granjas del Marqués, que no utiliza los 20 mil pesos de viáticos a los que tiene acceso, no recibe ingresos por actividades distintas a la de titular de la Fiscalía, que sólo tiene como patrimonio la casa donde vive, que su esposa tampoco tiene bienes inmuebles y que la información está disponible en las declaraciones patrimoniales disponibles en la Contraloría del Estado.
Dijo que cuenta con seis escoltas, que tiene alrededor de tres meses que no va a Acapulco y sus escoltas habitan en las instalaciones de la misma Fiscalía.
“No tengo conflictos con el anterior fiscal, habría qué preguntarle a él, a ver si él sí tiene”, agregó Jorge Zuriel de los Santos, y evadió responder si ha estado en la residencia en cuestión.
Al derecho de réplica declinaron los diputados Dimna Salgado y Jorge Salgado, por lo cual Martínez Núñez preguntó al fiscal de dónde sacó la dirección exacta de la casa sobre la que rechazó por escrito no ser propietario, que ubica en el informe como Villa 4, del condominio La Cima, ubicado sobre la Avenida de la Cañada y Avenida Escénica del lote de terreno marcado con el número B-9C en Acapulco, si en la nota de Reforma no se especifica la dirección.
En la segunda ronda el perredista Bernardo Ortega Jiménez reclamó que se haya citado a comparecer al fiscal por un asunto frívolo y sin sustento, porque no se puede generar la agenda legislativa a partir de notas periodísticas, pero no planteó ningún cuestionamiento formal.
De los Santos Barrila aprovechó para responder a la réplica de Arturo Martínez y explicar que la información sobre la dirección precisa de la residencia, la obtuvo a partir de cotejar las fotografías publicadas por Reforma con las casas de la zona y de esa manera solicitar los datos ante el Registro Público de la Propiedad, sobre lo cual presentó una fe de hechos.
Enseguida, el priísta Omar Jalil Flores Majul se sumó a la condena de que no se legisle en el Congreso bajo una agenda mediática o de fácil aplauso.
El fiscal afirmó que está dispuesto a acudir ante el Congreso las veces que sean necesarias para informar sobre las actividades de la Fiscalía General.
Morena insiste en patrimonio del Fiscal
Mariana García Guillén, diputada por Morena, dijo que es preocupante que el Fiscal sea señalado de tener una casa cuyo valor oscila en 20 millones de pesos con un salario de 80 mil pesos mensuales, y con apenas cuatro meses en el cargo.
Cuestionó qué relación profesional, académica o personal tiene o ha tenido el fiscal o su círculo familiar y social cercano con algunos de los integrantes de la sociedad “Castillo Trinidad y Asociados”, qué relación tiene el fiscal con el empresario Rodolfo Castillo Hernández, y reiteró la pregunta que el Fiscal no le quiso contestar al diputado Arturo Martínez: “¿Usted o su familia organizó o participó en algún festejo, fiesta o celebración, dentro de la propiedad en mención?”.
Le pidió informar qué bienes inmuebles conforman su patrimonio, el de su esposa e hijos.
La diputada expuso que la representación de la Asociación Mexicana de los Profesionales Inmobiliarios A.C. de Guerrero no cuenta con datos de la existencia de la inmobiliaria “Castillo Trinidad y Asociados”, y le preguntó por qué como fiscal no investigó la legalidad de la empresa, porque el domicilio que aparece no corresponde a esa sociedad, se trata sólo de “una foto que nos hace dudar de la legalidad y la veracidad de esta empresa”.
De los Santos Barrila reiteró las respuestas que dio a cuestionamientos similares, pero nuevamente evadió declarar si ha estado físicamente, él o algún familiar, en la residencia motivo de la comparecencia.
En la réplica, el perredista Bernardo Ortega y el priísta Omar Jalil Flores declinaron hacer uso de la palabra. Mariana García reiteró la pregunta que el fiscal no quiso contestar:
“Dentro de su función como fiscal general, ¿usted o su familia organizó o participó en algún festejo, fiesta o celebración, dentro de la propiedad en mención?”.
Como el procedimiento legislativo no justificaba una siguiente participación del funcionario, por tercera ocasión el fiscal general evitó responder al cuestionamiento de los legisladores del Morena.
Aunque Mariana García exigió desde su curul a la presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra (PRI), que le pidiera al fiscal responder el cuestionamiento, desde su lugar la priísta Alicia Zamora Villalva argumentó que por metodología el funcionario ya no podía hacer uso de la palabra, pero que por escrito tendría que responder el cuestionamiento.
Se declaró la clausura de la sesión, y el fiscal no esperó ni a la comisión de diputados que le acompañarían a la salida, se fue corriendo de la sala de sesiones sin dar entrevistas a los reporteros.