Raúl Salgado Leyva
Independientemente del color o las filias de quienes serán los próximos alcaldes, la situación económica, administrativa, de notable opacidad y corrupción que enfrentarán en las próximas semanas será de alarmante y escandaloso desbarajuste.
Las finanzas públicas municipales se han mantenido en permanentes niveles deficitarios, existe una evidente ausencia de obras, abultamiento exagerado de burocracia, endeudamientos con proveedores y contratistas, y una irresponsable rutina de impuntualidad en el pago de salarios. Todo eso ocurre como resultado inequívoco de una desordenada administración y ausencia de planeación.
Administrativamente han procedido a la incorporación desmedida de personal, profundizando la crisis financiera de los Ayuntamientos municipales al generar irresponsablemente decenas de despidos de trabajadores, lo que se ha traducido en incontables demandas laborales, y estando a días de abandonar el cargo con desvergonzada desfachatez han autorizado decenas de plazas basificadas para muchos de sus “protegidos”, colapsando de manera criminal las finanzas públicas y, a mediano y largo plazo, hipotecando el futuro de sus municipios.
Si a todo esto le agregamos que varios municipios enfrentan una severa amenaza financiera por la obligación legal de liquidar casi de inmediato infinidad de laudos laborales, todo este coctel de actos de desgobierno colocará en el corto plazo en serias dificultades la marcha de las nuevas administraciones municipales.
Esta problemática se torna poderosamente peligrosa ante el criminal adeudo de muchos municipios, que reteniendo y desviando indebidamente millonarios recursos, producto de descuentos a trabajadores por diversos conceptos, que debieron ser entregados al ISSSPEG, dejan “correr” los tiempos con terrible cinismo, para que “el que viene” asuma este compromiso, sin importarles la penuria de miles de jubilados y pensionados que apenas sobreviven con lo modesto de sus ingresos, y que a veces sólo les alcanza para adquirir una pequeña parte de los medicamentos que requieren para enfrentar las enfermedades.
Por ningún motivo y sin admitir justificación alguna deberá tolerarse esta irresponsabilidad. Los diversos órganos de control deben actuar con mayor rigor e inaplazable exigencia de que los alcaldes que cayeron en irresponsable morosidad subsanen las omisiones en que incurrieron. El ISSSPEG, como institución de los trabajadores, debe emprender con toda energía y decisión las demandas judiciales que sean procedentes, reclamando la restitución de esos cuantiosos recursos para pago inmediato o recurriendo incluso al embargo de fastuosas propiedades que, sin duda alguna, han sido producto de actos de corrupción y de rapiña de los dineros públicos.
Los procesos de entrega-recepción no deben ser medidas simulatorias ni simplistas llenados de formatos administrativos. No se debe caer en la vaguedad ni en la tibieza y se debe evitar, de una vez por todas, que el corrupto desempeño de muchos alcaldes siga contribuyendo a la ya empedernida impunidad que nos ahoga y que casi nos aniquila como sociedad.
No deberían aceptarse las malintencionadas posturas y las declaraciones inmorales y cínicas de presidentes municipales que aducen no tener para el pago proporcional del aguinaldo; esta actitud, exhibe vergonzosamente la ausencia de compromiso, previsión y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Es, hay que decirlo con todas sus letras, un inaceptable cinismo, pues es universalmente conocido que el ciclo de gobierno tiene un principio y un final improrrogable, definido en la ley, y por lo tanto no existe ninguna justificación que los exima de cumplir esta responsabilidad.
Esto obliga a una urgente modificación a las leyes para que cada tres años el cargo termine en diciembre y dé inicio el nuevo periodo constitucional municipal en el mes de enero.
Urgen medidas que corten de tajo estos vicios reseñados que han convertido a la administración pública municipal en coto de rufianes y depredadores del erario y, como consecuencia, condenan al inaceptable atraso en que se encuentra nuestro estado y que tiene sumidos en la oprobiosa pobreza a cientos de miles de guerrerenses que tienen derecho a una vida mejor.