* En conferencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, activistas afirmaron que el Congreso ha cedido a las presiones de grupos pro vida y evitan modificar el Código Penal en materia de aborto
Carlos Navarrete
Las iniciativas que no se han dictaminado en el Congreso del Estado, encaminadas a reconocer y garantizar los derechos de las mujeres, están frenadas por presiones de grupos católicos y pro vida, denunciaron organizaciones feministas que también acusaron a los diputados de “escamotearle” sus garantías a las mujeres guerrerenses.
En su tercera conferencia de prensa correspondiente a la jornada informativa respecto a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), celebrada el 6 de julio en Ginebra, Suiza, feministas del estado aseguraron insistirán hasta el último día de esta legislatura para que se resuelvan los pendientes en materia de género.
Una de las iniciativas pendientes del Congreso es la homologación del Código Penal con la Norma Oficial Mexicana 046 (MON-046), con la que se pretende permitir a las mujeres embarazadas, producto de una violación, que aborten en clínicas de la Secretaría de Salud (SSa) sin necesidad de que presenten una denuncia o cuenten con la autorización del Ministerio Público, como se exige actualmente.
Olimpia Jaimes López, de la organización Mujeres Guerrerenses por la Democracia, expresó que por encima de los intereses que tiene cada grupo parlamentario del Congreso, deben prevalecer los derechos humanos de las mujeres, y lamentó que haya iniciativas que aún no se han dictaminado pese a que los diputados tuvieron tres años para hacerlo.
“No hay negociación en torno a nuestros derechos, no debería haber negociación de estos derechos (…) no aprobar la reforma, no armonizar el Código Penal, es escamotearle los derechos humanos a las mujeres, no están atendiendo el mandato que la misma Constitución le da a los Congresos locales, que es proteger y garantizar nuestros derechos”, argumentó.
La activista aseguró que las agrupaciones feministas han llevado su agenda ante la actual legislatura e impulsado iniciativas en favor de las mujeres guerrerenses, que atienden principalmente al problema de violencia de género, pese a ello no ha habido eco de parte de los diputados.
Afirmó que “la niñas y las mujeres estamos muriendo por mortalidad materna, por causas relacionadas al embarazo, por aborto, por pobreza, por falta de atención a la salud. Nos están matando, nos están asesinando, nos están desapareciendo por el solo hecho de ser mujeres”.
Sobre la oposición que existe de grupos católicos y pro vida para la apertura en Chilpancingo de una clínica que ofrecerá asesoría a mujeres interesadas en abortar, Olimpia Jaimes explicó que están en su derecho de profesar la religión e ideología de su preferencia, pero no de inmiscuirse en las políticas públicas que beneficien a las mujeres.
Señaló que “a nosotros nos preocupa mucho, porque se puede llegar al límite de la violencia, frente a promulgar la preminencia de la vida se está afectando a nuestra integridad”.
También expresó su solidaridad con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Deser), luego de que el lunes organizaciones pro vida protestaron en sus oficinas. Ante ello, solicitó a las autoridades correspondientes que otorguen medidas de seguridad a las activistas que laboran ahí, ante el riesgo de que sean víctimas de una agresión.
Por su cuenta, Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, aseguró que son los grupos católicos y pro vida los que han impedido que la reforma al Código Penal sea aprobada en el Congreso.
“Sabemos que los grupos opositores también han estado en el Congreso, y han estado cabildeando, porque piden que la reforma se someta a una consulta, pero dejar claro que nuestros derechos no están sujetos a consultas (…) A veces cuando nosotras damos un paso ellos dan dos, nos van cerrando puertas, nos van poniendo trabas en este camino que estamos trabajando”, dijo.
Aseguró que a pesar de la negativa de la actual legislatura para aprobar esos cambios, seguirán insistiendo en que se dictamine esa iniciativa hasta el último día en que los diputados estén en funciones.
Dijo que en caso de que el dictamen no sea presentado ante el pleno en las últimas sesiones programadas, esperarán a que entren en funciones los diputados electos, para que el primer día que estén en el cargo les presenten la agenda de género que se necesita promover desde el Congreso, incluyendo las reformas pendientes.
Finalmente, Rosa María Gómez Saavedra, del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, afirmó que “la ignorancia y falta de conocimiento de quienes están en los cargos públicos y en las legislaturas impiden el ejercicio real de nuestros derechos”.