* En un comunicado, 63 organizaciones de todo el país demandan garantías para la operación de las oficinas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México en Chilpancingo

Carlos Navarrete

Organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres en el país, exigieron al gobierno del estado y al municipal de Chilpancingo, que garanticen la seguridad e integridad física de las activistas que laboran en las oficinas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddser), ubicadas en esta ciudad, tras la protesta que realizaron ahí grupos católicos y pro vida que exigen la clausura definitiva de la clínica Marie Stopes.
A través de un comunicado, 63 organizaciones y 77 activistas de diferentes estados del país afirmaron que se trató de “ataques físicos” realizados por organizaciones agrupadas al Frente Nacional por la Familia, como la Red Guerrero por la Vida, Ciudadanos Solidarios para el Desarrollo, la Unión Nacional de Padres de Familia, Poder Laico Guerrero, entre otras.
El lunes, esas organizaciones se movilizaron en Chilpancingo para exigir la clausura definitiva de la clínica Marie Stopes que, entre otros servicios, ofrecerá asesoría a mujeres para acceder a la interrupción legal del embarazo. Durante la marcha de ese día, los inconformes colocaron cartulinas en la fachada de las oficinas de la Ddser, con mensajes en rechazo al aborto, y lanzaron consignas en contra de esa organización.
“Las organizaciones firmantes condenamos de manera enérgica los ataques físicos realizados en Chilpancingo, Guerrero, contra la oficina de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y las agresiones verbales contra quienes desempeñan su trabajo en dichas instalaciones”, se lee en la misiva difundida en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de la Ddser.
En el comunicado, exigieron el “cese inmediato de las hostilidades, agresiones y actos violentos contra integrantes de Ddser y en detrimento de instalaciones por parte de las organizaciones que están en contra de los derechos de las mujeres”.
De igual forma, demandaron la intervención inmediata del gobernador Héctor Astudillo Flores, y del presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, para que garanticen la seguridad e integridad física de las activistas que laboran en ese inmueble, así como de las propias instalaciones.
El documento fue firmado por organizaciones feministas, lésbico-gays e indígenas, así como activistas de Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, y las oficinas de la Ddser en Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo y del Estado de México.