* Ayotzi: ¡Basta ya de robos y chantajes!
* ¿Es real la lucha social cobrando cuotas?
* Unos 400 mil pesos cada 2 horas se llevan
Jorge VALDEZ REYCEN
Durante meses, la llamada lucha social y de resistencia de los padres de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos desafió las leyes y transitó en los linderos de la impunidad por las casetas de cuota de Capufe, en la Autopista del Sol.
Iban con exceso de velocidad, desenfrenados, a bordo de autobuses “tomados” –lo cual es un delito flagrante— sin que nadie les pusiera topes o vibradores para frenarlos. En su delirante revictimización, ni el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, ni nadie les ha dicho que han cometido un rosario de fechorías.
El delito federal de hurto, ataques a las vías federales de comunicación, entre otros, han sido acumulados hasta rayar en la permisibilidad, que es pariente cercano a la impunidad. Se trata de un grupo social que trastoca las leyes sistemáticamente, amparados por un prurito, usado como argumento a todas luces injustificable, de continuar una lucha por los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.
Fines de semana y entre semana una treintena o más de encapuchados llegan, desvían cámaras de vigilancia y comienzan a pedir “cooperación” de 50 pesos por automóvil y 100 por camión. De manera extraoficial personal de Capufe ha estimado que en dos horas de este tipo de latrocinio, en los cuatro carriles de cada caseta de cobro los embozados recaudan un promedio de 400 mil pesos, o sea 100 mil por carril.
Si, la cifra exacta la tiene ese Organismo Público Descentralizado del gobierno federal que no ha dado a conocer oficialmente el monto del dinero que ha dejado de percibir.
Ayer a las 4 de la tarde, unos 200 agentes de la Policía Federal intervinieron ya, por fin, para evitar que en la caseta de Paso Morelos por enésima ocasión volvieran a “tomar” los carriles de cobro y siguieran haciendo lo que es ilegal. Se dijo que fueron “encapsulados” o rodeados para que no llegaran a la caseta. Hubo connato de riña, porque los enmascarados andan listos para combatir cuerpo a cuerpo con cualquier policía.
No pasó a mayores, salvo que ya no se les permitió hacer de las suyas.
Todo lo anterior obliga a cuestionar esa forma ¿de lucha? Que en lenguaje simple y llano es CORRUPCION. Los padres de los 43 han violentado las leyes y para solventar sus movilizaciones pues secuestran autobuses, cobran en casetas “cooperación voluntariamente obligatoria” y siguen acusando al gobierno de asesino, represor, y demás epítetos.
El activismo social no puede utilizar argumentos ilegales, ni mucho menos delinquir. Peor aún: incurrir en actos de corrupción, amparados en su revictimización. Algunos colegas han dicho que se trata de actos denigrantes, pues lucran con ese dolor de no saber el paradero de sus hijos para obtener dinero. Y eso es lo más ruin en un ser humano.
Si la Policía Federal ya intervino para evitar que se continúe esta impune práctica de ilegalidades, ahora se debe acompañar la denuncia formal de Capufe ante la Procuraduría General de la República (PGR) y también de las empresas del autotransporte federal que han sido víctimas del robo de unidades cuyo costo de superior a un millón de pesos cada autobús.
A toda acción, corresponde una reacción. Y es lo que habrán de enfrentar quienes han abusado de su condición de víctimas por una tragedia. Aunque aún no se ha concluido el caso Iguala, en el lapso del proceso de investigación han ido más allá de lo permitido y lo sorprendente es que sus propios abogados no los adviertan de los delitos que se cometen en aras de su movimiento.
No es criticar su exigencia de justicia, es reprobar sus formas de exigir castigo a quienes propiciaron la desaparición de personas. No se confundan: no se vale robar, secuestrar camiones y tomar casetas para obtener miles de pesos a cambio de impunidad. ¿Así o más claro?
Nos leemos… SIN MEDIAS TINTAS.