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miércoles, 7 diciembre , 2022

Autogobierno y hacinamiento en prisiones de Guerrero: CNDH

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* El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió un informe sobre la situación que guardan los centros de detención en Guerrero, que están a cargo de Seguridad Pública y la Fiscalía

 

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Alondra García

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) constató que en los lugares de detención que existen en Guerrero persisten condiciones de autogobierno, hacinamiento, sobrepoblación, áreas de privilegio y varias irregularidades que violentan los derechos humanos.

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El MNPT emitió ayer el Informe de Seguimiento sobre lugares de detención que dependen de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del gobierno estatal.

Los resultados derivan de las visitas realizadas por funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en coordinación con su similar estatal, el pasado mes de marzo, a efecto de verificar las acciones desarrolladas para la atención de las situaciones señaladas en el informe inicial 5/2016.

El personal de ambas instituciones realizó recorridos por los 25 lugares de detención visitados de manera inicial bajo la competencia de las siguientes dependencias locales: Fiscalía General del Estado de Guerrero, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
En las visitas se verificaron las condiciones de estancia, para analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
De acuerdo con el informe del MNPT, aún persisten 129 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 25 lugares de detención e internamiento dependientes del Gobierno del Estado de Guerrero y de la Fiscalía General, a las que se añadieron 11 más al ampliar la supervisión al Centro Regional de Reinserción Social de Iguala.

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De las 189 originalmente observadas, 38 ya no representan riesgo y 22 cuentan con avances encaminados a su atención.
Entre ellas sobresalen la falta de partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas, carencia de área específica de aseguramiento para adolescentes detenidos, falta de reglamento interno y manual de procedimientos, insuficiencia de personal y falta de capacitación al mismo, falta de área exclusiva para mujeres, subsistencia de condiciones de autogobierno, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuadas condiciones de higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, sobrepoblación y hacinamiento, cobros indebidos y áreas de privilegio e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.
Entre las deficiencias más significativas que persisten en los lugares de detención que dependen de la Fiscalía General del Estado se encuentran las siguientes: No se tiene asignada una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas; carecen de área de aseguramiento específica para los adolescentes detenidos; el personal adscrito es insuficiente para cubrir las necesidades del establecimiento; carecen de reglamento interno y manual de procedimientos; el personal no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura; el representante social no acude al área de aseguramiento para verificar el trato que se brinda a los detenidos; falta equipo en las áreas médicas; no cuenta con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física y no cuenta con un área exclusiva para mujeres.
En tanto que en los lugares de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública se realizaron las siguientes observaciones: Subsistencia de condiciones de autogobierno; instalaciones en malas condiciones de mantenimiento; instalaciones sanitarias e hidráulicas deficientes; inadecuadas condiciones de higiene; insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad.
También sobrepoblación y hacinamiento; cobros indebidos y existencia de áreas de privilegio; inexistencia de programas de prevención y atención de hechos violentos; ausencia de instalaciones adecuadas para mujeres; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias y deficiencia del servicio médico.

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