¿Periodistas suicidas?

 

Felipe Victoria

 

Estuvieron aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal con el gobernador Héctor Astudillo, a raíz del sobrecalentamiento de la región de Tierra Caliente, donde su puso la cosa ardiente, por consecuencia del disimulo ¿o complicidad? de autoridades de las administraciones anteriores.

Pero en fin, parece que solamente les interesa que las puestas en escena resulten comoditas, con acarreados aplaudidores seleccionados de antemano que no se atrevan a cuestionar ni señalar los errores estratégicos en que están incurriendo, y por eso no se avanza nada contra la inseguridad y la impunidad de la delincuencia, pero les gusta revolcarse entre el engrudo que se les hizo bolas en su palabrerío estéril.

Las autoridades pueden hacer cuantas cosas quieran, pero jamás lograrán evitar que lo que acontece en Guerrero se conozca en todo el mundo casi de inmediato, burlando cualquier censura previa, todo porque los periodistas resultan insumisos y devotos a su compromiso con el derecho del pueblo a ser informado, aunque se pongan en riesgo.

Reconozco la decisión de Héctor Astudillo para dar el paso que otros no quisieron dar aceptando que fuerzas federales entraran por fin a San Miguel Totolapan en Tierra Caliente, aunque no las dejaron llegar a La Gavia, donde dicen está la madriguera del tal ‘Tequilero’, compadre protegido y apadrinado del diputado Beltrán Orozco, presuntamente relacionado con una cadena de asesinatos aún no esclarecidos plenamente.

Claro que en un evento de magnitud hubiera sido incómodo preguntarle a Osorio Chong si el CISEN conoce la identidad de los poderosos intocables que protegen al diputado y al Tequilero.

Claro que no podría decir el General Cienfuegos Zepeda que una de las estrategias para no embarcar a sus tropas, es dejar que entre mafiosos se den solitos en la madre; lo malo es que los gobiernos no pueden consentir que gente ajena a rivalidades delincuenciales resulte afectada y hay que protegerla a como dé lugar, aunque organismos disque defensores de derechos humanos reclamen que se causen molestias a las mañas y a las mafias amapoleras.

Ya se habían tardado para poner atención en el envilecimiento de la perredista policía municipal de Zihuatanejo y apenas hicieron lo propio comenzando por desarmarla e investigarla.

Lo que tuvo mucho eco fue el incidente contra un grupo de reporteros retenidos, amenazados y asaltados el sábado pasado, caso en el que les fue bien porque salieron con vida, pero quedaron sin sus medios de trabajo. Obviamente el gobierno acabará pagando los platos rotos y no las empresas editoriales para quienes colaboran los espantados agraviados.

Pero el diablo se apareció el lunes en Culiacán, Sinaloa, donde arteramente ejecutaron al periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, considerado “cronista del narco”, quien recientemente vino a Guerrero a presentar su más reciente libro.

Obviamente una prensa nacional sedienta de pretextos para llamar la atención del presidente Peña Nieto ya tomó de bandera al difunto sinaloense, echando a caminar la torpe maquinaria oficial que se entretiene en discursos y planes guajiros para disque brindar garantías y protección al periodismo en general que jamás se concretan.

Me vino a la memoria aquel 30 de mayo de 1984, hace ya treinta y tres años cuando Manuel Buendía Tellezgirón, el entonces columnista free lance de muchos periódicos fue el más leído y temido, al que asesinaron en el estacionamiento de sus oficinas en Insurgentes Centro.

La sospecha popular siempre fue que lo habían matado por órdenes de la Presidencia de la República y de Gobernación, pero “el sistema” hizo cuanto le fue posible para entretener a la opinión pública tergiversando las cosas.

A inicios de 1988, cuando entregaría Miguel de Lamadrid el poder a quien ganara las elecciones, tuvieron la ocurrencia de ofrecer una recompensa de 500 millones de pesos de aquel entonces a quienes aportaran datos para atrapar a los culpables, porque la Fiscalía Especial, de Miguel Ángel García Domínguez, resultó inútil encubridora.

Nunca faltaron en ese lapso periodistas insumisos que le hicieron al detective para descubrir la verdad de los hechos y en junio del ese mismo año para celebrar la libertad de expresión, uno de ellos publicó como novelita las pistas para atrapar a los asesinos.

Obviamente se hicieron como que no miraban, tenían que dejar que el presidente saliera limpio, pero cambiando el sexenio entró como procurador del DF Ignacio Morales Lechuga, que sí había leído la novelita y la agregó a la voluminosa averiguación previa de la Fiscalía Especial.

El 13 de junio de 1989, con Federico Ponce Rojas capturó en su escondite de las Lomas de Chapultepec a José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector federal de seguridad y compadre de Manuel Barlett Díaz en calidad de presunto coautor intelectual del asesinato contra Manuel Buendía.

Desde las oficinas del Grupo de investigaciones de Miguel Nazar Haro se supervisaban las cosas con la modesta asesoría del autor de la novelita.

Asesinar periodistas incómodos siempre ha sido fácil, más cuando se deciden las ejecuciones desde el poder gubernamental o de las mafias.

Yo mejor ni pregunto cuando esclarecerán la muerte de Javier Valdez Cárdenas, sino quiénes serán los siguientes en la lista negra.