* Guillermo Silva, asesor de Derechos Humanos, aseguró que “varias cosas nos indican que no fue la decisión más afortunada” sacar a las fuerzas armadas a las calles para que hagan labores de policías

 

Alondra García

 

Perpetuar la presencia del Ejército y las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública generaría “un estado de excepción”, advirtió Guillermo Silva Aguilar, coordinador de asesores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien dijo que esa labor corresponde a autoridades civiles.

La mañana de ayer, Silva Aguilar participó en el foro “Seguridad o Derechos Humanos: Una falsa dicotomía”, donde se pronunció en contra de los términos en que se plantea la Ley de Seguridad Interior, la cual pretende facultar al Ejército, Marina y Fuerza Aérea en funciones de seguridad pública.

“Ya tenemos una previsión para una suspensión de garantías. Si nos vamos por esta vía, tendríamos probablemente otro estado de excepción”, advirtió durante su ponencia.

Por ello, insistió en que la seguridad pública “tiene que estar en manos de autoridades civiles”, tal como se marca la distribución de competencias en la Constitución.

“Las fuerzas armadas deben volver a las funciones que le son propias cuando las condiciones del país así lo permitan, pero bajo un programa gradual y verificado. El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea”, expuso el representante de la CNDH.

Silva Aguilar recordó que hace 10 años el gobierno federal recurrió al Ejército para combatir la delincuencia organizada y retornar al Estado de Derecho donde las autoridades civiles eran incapaces de hacerlo, pero “varias cosas nos indican que no fue la decisión más afortunada”.

El funcionario de la CNDH dijo que “la presencia del Ejército ha propiciado violaciones a los derechos humanos. Directamente elementos militares han incurrido en conductas que se apartan de lo que tendría que ser la debida conducta de un servidor público. También han generado condiciones para que estas violaciones se presenten”.

Por eso consideró que “una ley (de Seguridad Interior) con los alcances y los términos que se presenta, para nosotros es una alerta, porque no queremos que se generen condiciones para que se sigan propiciando violaciones a los derechos humanos en el país”, explicó.

Insistió en que la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública “no es lo más deseable” y que la pretensión de “resolver todo con esta ley” demuestra una visión “limitada y parcial” del problema.

Lo ideal, dijo, sería “generar una reforma amplia, incluyente, plural y muy efectiva sobre nuestras políticas de seguridad”.

“La formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención, el combate al tráfico de armas, replanteamiento del sistema penitenciario, son tan sólo algunos de los aspectos que tendríamos que abordar si es que de verdad queremos resolver la problemática de seguridad y justicia que tiene nuestro país”, expuso Guillermo Silva.