Temas Cotidianos
Félix J. López Romero
Exigen multas menores
Conforme ha ido creciendo poblacionalmente la ciudad, quienes se dedican a la prestación del transporte urbano, han ofrecido a sus favorecedores un servicio de pésima calidad, en donde los abusos forman parte de su desempeño. El desorden de los urbaneros no es cosa nueva, si no se viene dando desde que se ha autorizado un mayor número de concesiones, las que tienen convertidas las calles en “paradas”, aun cuando oficialmente no existen.
El desorden ocasionado por el transporte local, ha conducido que la Subsecretaría de Tránsito Municipal, infraccione a los choferes que pasan por alto disposiciones oficiales, subiendo pasaje en donde no debieron, o bien estacionarse en lugares prohibidos para efectuarlo.
Considerándose personas excepcionales, un grupo de choferes de diversas líneas urbanas, se introdujeron de manera violenta a las instalaciones de Tránsito y Vialidad, para exigirle a las autoridades la cancelación de infracciones, las que consideran elevadas en su cobro, las que van de 1,500 a 1,000 pesos. Por esto cerraron la circulación vehicular en la calle Abasolo.
Quienes operan unidades del servicio público de pasajeros, se distinguen por la forma desordenada en que llevan a cabo su tarea. Las autoridades municipales al hacerlo, lo único que pretenden es ordenar el funcionamiento de unidades del servicio público, que como todos lo saben son irrespetuosos con las leyes que regulan la tarea que desempeñan.
Irrefrenables crímenes
Nunca como ahora los delitos han tomado dimensiones insospechadas, porque si en el pasado reciente siempre lo ha habido, en la actualidad su número se ha elevado, lo que mortifica a las autoridades porque han sido rebasadas, por quienes se atreven enfrentarse a ellas. De acuerdo a declaraciones formuladas por Pedro Almazán Cervantes, secretario de Seguridad Pública, obedece a que dicho cuerpo policíaco tiene décadas de estar en el abandono, por parte del gobierno estatal; en tanto el INEGI dio a conocer que de todos los delitos cometidos en el año del 2014, el 96.7% quedaron impunes; el 48% de las víctimas no denunciaron lo que les ocurrió, en tanto el 50% no lo llevó a cabo por temor a sus agresores.
El alto porcentaje de los delitos, están relacionados con la siembra y comercialización de la marihuana y la amapola, si el gobierno federal a quien compete su combate, hubiera instrumentado medidas para llevarlo a cabo, no hubieran tenido los cárteles la fuerza que tienen, por lo cual resultará difícil su exterminio.
Mientras continúe habiendo la tibieza existente, para combatir con buenos resultados la siembra de ambos narcóticos, bien poco se logrará en el propósito. Por lo tanto despenalizar su compra y consumo podría ser la mejor determinación, para desalentar su producción.
En el Congreso de la Unión habrá de discutirse en breve, si se despenalizan las drogas porque existe el consenso que así sea. Se dio el primer paso cuando ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avalaron su uso con fines médicos. Si en otros países está despenalizado su consumo, no se justifica aquí continúe, aunque por otro lado podría desalentarse su consumo.
Abogar por agresores
El reciente anuncio efectuado por el secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, en el sentido que profesores que no se presentaron a los exámenes de evaluación, serán cesados. De acuerdo a información oficial que se tiene, un millar de docentes no acudieron a ser examinados, estando afiliados todos en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
El líder del sindicalismo magisterial tiene la sangre muy delgada, olvidando que los cetegistas acudieron a su edificio gremial, al que le rompieron vidrios de puertas y ventanas, introduciéndose a su interior para causar destrozos diversos.
Todo hace entender que el dirigente del oficialista sindicato del magisterio, José Hilario Ruiz es masoquista, porque parece estar contento con los daños que sus adversarios le ocasionaron a su sede sindical.
Si el secretario Nuño determinó cesar a los cetegistas, por no acatar la disposición de ser evaluados, tal y como lo manda la reforma educativa, se mira muy mal se aboguen por los reacios, que según ellos de hacerlo perderían conquistas laborales. Por lo tal llaman punitiva a una disposición que solo busca su superación profesional.
La orden de cesar a los cetegistas está dada. Muy mal se vería la SEP de echarse para atrás en lo acordado.
Agitación la etiqueta
La alevosa muerte del ex alcalde de Cualac, ingeniero Rolando Sánchez Sosa, a quienes sus asesinos ejecutaron por la espalda, días después de haberlo secuestrado, así como el clima de violencia que se vive en otras regiones de la entidad, sobre todo en el puerto de Acapulco en donde los delitos de sangre son recurrentes, obliga a las autoridades en todos sus niveles, a implementar nuevas estrategias contra el crimen, porque las que están en práctica han quedado rebasadas, por elementos que están encuadrados en el crimen organizado.
El ex alcalde de Cualac fue secuestrado por pandilleros el 29 de marzo pasado; por su liberación sus captores exigieron a sus familiares, la entrega de un millón de pesos. Aun cuando sus plagiarios recibieron el dinero exigido para ponerlo en libertad no lo hicieron, en cambio lo ejecutaron apareciendo su cuerpo sin vida junto a un camino vecinal.
Desde hace tiempo el puerto de Acapulco se ha convertido en tierra sin leyes; los asesinatos son cosas recurrentes, sin que las diversas policías que resguardan el lugar, sean capaces de frenar la ola de violencia. Si en realidad existe la intención de crear una policía única, no debe cantarse tanto como si fuera lotería de una feria; simplemente debe establecerse para tratar de detener a ola de asesinatos, que diariamente se cometen en ese lugar.
Mientras se siga prosternando la integración policíaca en un solo cuerpo, la violencia continuará como es fácil advertir.