¿Tlachinollan en el festín de buitres?
Felipe Victoria
En junio de 1990 el ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo Mc Gregor, destacado jurista, convencía al presidente Carlos Salinas de implantar en México un “ombudsman” para luchar por la defensa de los llamados “Derechos Humanos”, ya contemplados antes por nuestra Constitución Política, pero como garantías individuales.
El delito de abuso de autoridad y otros cometidos por servidores públicos contra particulares era el pan de cada día, cuando las corporaciones policiacas empleaban la tortura como método de investigación preferido, pésima costumbre deleznable heredada desde tiempos de la Inquisición y el Santo Oficio en tiempos de la Colonia, para castigar a los que consideraban enemigos de la Corona o de los Virreyes acusándolos de herejes practicantes de la brujería sin pruebas fehacientes.
La costumbre dictatorial mexicana molestaba a organismos defensores de derechos humanos de los USA y CANADA como Amnistía Internacional, que dilataban la firma del Tratado de Libre Comercio con México porque aquí no se notaba interés oficial en frenar esos abusos policiacos; Salinas de Gortari necesitaba un remedio y Carpizo se lo propuso: crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que atendería e investigaría las quejas de habitantes contra servidores públicos que cometieran delitos contra particulares en el desempeño de sus funciones…
Nunca se imaginó Jorge Carpizo cuanto crecería la CNDH con sus ramificaciones en todos los estados, ni que abogados malandrines y “luchadores sociales” se organizaran para crear organismos no gubernamentales de disque defensa de derechos humanos de los delincuentes caídos en manos de las autoridades.
Bien pronto alegar violaciones y agravios a los derechos humanos de detenidos en proceso de investigación, se transformó en eficaz recurso procesal que paulatinamente fue inhibiendo la energía legal aplicable a delincuentes.
La tortura ciertamente disminuyó pero la impunidad se disparó geométricamente, pelear caso alegando violaciones a derechos humanos es hoy en día un negociazo que huele mal…
Con su venia, aprovecharé fragmentos de lo publicado por el destacado columnista en medios nacionales Ricardo Alemán, leído por cientos de miles pero envidiado y acremente criticado por aquellos a quienes molesta su estilo certero y temerario, bien informado que exhibe a quienes andan en malos pasos.
Juzguen ustedes mismos con esto de Ricardo Alemán que transcribo.
“Derechos humanos; mafia incrustada en el poder .De suyo insultante y ofensivo, el dato es demoledor”.
“Existen secuestradores y asesinos –cuyos abogados de distintas ONG invocaron tortura para sus– que en conjunto han recibido poco más de 100 millones de pesos, de dinero público, como indemnización. ¡Sí, aunque no lo crea!.
De ese dinero, una parte sustancial llega a manos de los abogados y las propias ONG. En cambio, las verdaderas víctimas del crimen sólo han recibido poco más de 600 mil pesos, pero no para reparar el daño, sino sólo por gastos funerarios.
¿Y quién está detrás del depravado y rentable negocio?
Son un grupo de amigos que –en complicidad– trabajan en toda la cadena social e institucional –nacional y extranjera– de derechos humanos, presuntamente saquean dinero público, al tiempo que liberan criminales.
¿Y cómo operan?
Los “defensores” de DH buscan casos emblema contra el Gobierno –como Tlatlaya, “los 43” o secuestradores y asesinos–, a los que fabrican supuesta tortura y violación a derechos humanos. Luego meten el tema en medios con “amigos intelectuales” y piden apoyo a otras ONG. Ya que el escándalo creció, piden la liberación de los presuntos implicados y/o, en su caso, la reparación de daños; daño pagado del Fondo para Reparación a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del Gobierno federal.
“La mafia defensora de DH –incrustada en la CNDH, CDHDF, SRE, Segob y poderes Legislativo y Judicial, además de la CIDH– consigue una “reparación del daño” en meses. ¿Y cómo hace posible el milagro?
Fácil, sólo requiere una recomendación nacional y/o internacional –al Gobierno de México–, que presuma violación de derechos humanos del “cliente”. Y listo. Y si la recomendación proviene de la CIDH, el Gobierno de México tiembla de miedo y paga de inmediato.
¿Y quiénes son los integrantes de esta alegre y afortunada familia que defrauda con los derechos humanos? Todos los conocen.
Se presume que la cabeza del grupo mafioso es Maricleare Acosta, actual integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, que entre 2000 y 2003 despachó en la SRE con Jorge Castañeda –inventor del cuento de “la masacre de Tlatlaya”–, y que entre 2012 y 2015 despachó en la Segob.
Y si algún curioso quiere conocer “El Atlas de la Mafia de Los Derechos Humanos” en México, puede consultar el portal Letra Roja (http://www.letraroja.com.mx), en donde encontrará el detalle de “la familia feliz que defrauda con los derechos Humanos.
Hoy, buena parte de la estructura social e institucional de Derechos Humanos es otra mafia criminal. ¿Hasta cuándo? Al tiempo”
Muy duro Ricardo Alemán, ¿qué opinará Ricardo Alemán de Vidulfo Rosales Sierra y Felipe de la Cruz en Guerrero?…
Muy lucidos los títeres de Vidulfo saliendo de la PGR el jueves, en tanto Luis Raúl González Pérez y José Trinidad Larrieta en la CNDH, con el informe parcial, pusieron a temblar a quien resulte ser “El Patrón de Huitzuco”…