* El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, reiteró que la permanencia del GIEI en México será hasta esa fecha

 

Redacción

 

CIUDAD DE MÉXICO.— Fueron los propios integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes solicitaron al gobierno mexicanos se les otorgara un segundo mandato, que vence el próximo 30 de abril, para concluir su participación como coadyuvantes en la investigación por los hechos de violencia ocurridos en Iguala el 26 de septiembre del 2014 y la posterior desaparición de 43 normalistas, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.

Así lo dijo ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Crifrián, al confirmar que el GIEI tendrá hasta el próximo 30 de abril para concluir sus investigaciones en torno al caso, como lo establece el acuerdo entre el gobierno mexicano y la CIDH.

El funcionario federal precisó que fueron los miembros del grupo de expertos quienes pidieron ampliar su estancia en México por un segundo periodo de seis meses, y confirmó que no habrá una segunda prórroga.

Campa Cifrián dijo que “el Estado mexicano le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seis meses para un segundo mandato, una vez que consultó con el GIEI; el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nos respondió que para concluir requería de seis meses, entonces el periodo de seis meses fue solicitado a la Comisión Interamericana a partir de la solicitud que nos hizo el grupo”.

La posición del funcionario contrasta con lo expresado el miércoles pasado por el activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien aseguró que la postura de la Segob está desprovista de un análisis jurídico del Convenio de Asistencia Técnica, firmado en octubre de 2015 en Washington D.C., por el gobierno mexicano y la CIDH, el cual en la cláusula número 10 del convenio mantiene abierta la posibilidad de que la permanencia del GIEI se pueda prorrogar cuantas veces sea necesario, mientras no se haya cumplido el objetivo para el que fue creado el grupo de expertos, que es colaborar en el esclarecimiento de los hechos que han provocado la más fuerte crisis social en la historia reciente de Guerrero.

Indicó que antes de asumir una postura terminante, el Gobierno federal debe entrar a un análisis jurídico del convenio firmado en la CIDH, para que esa institución convoque al Estado mexicano y los abogados de los padres, con la intención de buscar un consenso respecto a la prórroga del mandato del GIEI.

Además, dijo que quienes demandan la presentación con vida de los 43 normalistas, “vemos difícil que haya una investigación sin el escrutinio internacional del grupo de especialistas independientes, porque ellos han sido un ente que ha mediado en los momentos de polarización entre el Gobierno y el movimiento”.

Rosales Sierra recordó que la presencia de los expertos de la CIDH contribuyó a bajar el nivel de la tensión social que se vivió en Guerrero como consecuencia de los hechos de Iguala, por lo que si Gobernación mantiene la postura de que el GIEI abandone el país después del 30 de abril, las implicaciones podrían ser muy sensibles: “Habría un retroceso y eso empujaría al movimiento de los padres, así  como al movimiento nacional, a una tensión innecesaria, pues sacaría las protestas las calles y se retomaría la vía del activismo, lo que no conviene a nadie”, concluyó.