Isidro Bautista
Ante el hartazgo que existe en la gente contra los políticos y los partidos, o el gobierno en lo general, principalmente por el nivel que ha alcanzado la inseguridad por la corrupción, se tiene que pasar del dicho al hecho en el asunto del quebranto financiero que encontró Héctor Astudillo Flores a su llegada al cargo de gobernador.
Se percibe en la sociedad un repudio por declaraciones y declaraciones, registradas incluso desde el inicio de la gestión del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Ha sido como un cuento de nunca acabar: Aguirre Rivero, contra su antecesor, Zeferino Torreblanca Galindo. Hizo comparecer a ciertos excolaboradores de éste, y no pasó a más. Su contralor general, Julio César Hernández Martínez, fue pura verborrea. Resultó mayúscula la sospecha de que se actuaba así por revanchismo político, porque el ometepequense y el exalcalde acapulqueño siempre estuvieron, y siguen estándolo, distanciados, sin ganas siquiera de darse ni el saludo.
Rogelio Salvador Ortega Martínez, ya en el puesto de titular del Ejecutivo; su secretario de Finanzas, Eliseo Moyao Morales, y su secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, hablaron y hablaron de un faltante financiero de 13 mil millones de pesos. Pero sólo eso, hablaron.
Y ahora Astudillo, como mandatario, dijo que el déficit no es de 13 mil sino de más de 18 mil 400 millones de pesos. A mediados de diciembre anterior declaró que su gobierno actuaría en consecuencia con lo procedente para deslindar responsabilidades.
El jueves pasado, al rendir un informe de los cien primeros días de su gestión, agregó que “encontramos una profunda crisis financiera en el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”, y que hay por pagar “laudos por más de mil 600 millones de pesos, así como pagos pendientes a proveedores y prestadores de bienes y servicios por 2 mil 500 millones de pesos”.
El mismo Astudillo afirmó que “ante esta situación de verdadera emergencia, tomamos acciones decididas”, y admitió que “la sociedad guerrerense demanda resultados concretos”.
La gente, indicó, “sabe que el principal obstáculo para el desarrollo es la corrupción”.
Y por esas mismas palabras, la ciudadanía espera ver “resultados concretos” o “acciones decididas” pero con los culpables en la cárcel o, al menos, inhabilitados para ocupar más cargos, porque, argumenta la población, no se vale que aparte de ser Guerrero un estado pobre y rezagado, todavía lo saqueen, y no haya castigo.
Florencio Salazar Adame y Héctor Apreza Patrón, secretarios general de Gobierno y de Finanzas, respectivamente, ya han abordado también abiertamente el tema.
Y todavía el fiscal general del estado, Javier Ignacio Olea Peláez, esta semana reveló que se investiga la actuación de Miguel Ángel Godínez Muñoz, su antecesor en el puesto, porque dejó a la dependencia “totalmente colapsada”.
Como era de esperarse, el propio Godínez Muñoz y Cienfuegos Salgado respondieron que si hay pruebas de posibles actos de corrupción, pues entonces que procedan, y la gente justamente está a la espera, así como se percibe que también lo está en el caso de Kate del Castillo y la diputada Lucero Sánchez López, envueltas en dichos de más de treinta días, después de la recaptura Joaquín El Chapo Guzmán.
Urge recobrar credibilidad social, más en una entidad federativa que se ve como un barril de pólvora.
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