Carlos Alonso*
En estos últimos días se ha puesto sobre la mesa, la interrogante de cuál será el destino final de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Cabe recordar a los amables lectores de este prestigiado medio informativo, que dicha ley se promulgó al final del sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo y su aplicación irregular a hechos delictuosos, detonó en cadena durante el malogrado período del gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero.
Hoy, existe preocupación por parte de diversas organizaciones indígenas y no indígenas y de algunos partidos políticos, de que si este importante instrumento legal va a perder su vigencia o de que hay peligro de que el gobierno del Lic. Héctor Astudillo Flores, la tienda a desaparecer.
Desde mi punto de vista, ninguna de esas dos cosas va a suceder. En efecto, la nueva Constitución Política local establece en el artículo transitorio Tercero que el Congreso del Estado deberá aprobar y reformar, en un plazo no mayor de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las leyes que sean pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales, razón por la cual, la naciente legislatura de la entidad tiene hasta el 29 de abril próximo, para dar cumplimiento a lo ordenado en el transitorio citado.
Por otra parte y en el supuesto caso, de que la actual legislatura omitiera adecuar la Ley 701, a la Constitución local, esta no perdería su vigencia ya que así lo dispone el cuarto Transitorio de la referida Constitución.
Respecto a la otra preocupación que tienen las organizaciones, quienes en su momento tomaron como bandera la Ley en comento, que crearon ingobernabilidad en algunas partes del Estado, acerca de que el gobierno del Lic. Astudillo, tenga en mente desaparecer la Ley 701, en lo personal, me parece que es descabellada e inviable tal preocupación.
Estimo que ahora es una magnífica oportunidad para que los Nahuas, Mixtecos, Tlapanecos y Amuzgos, pueblo, gobierno indígena, municipal y estatal, aportemos ideas positivas para perfeccionar la Ley 701, en beneficio de los pueblos originarios.
Ahora bien y en atención al proverbio que dice: que el buen juez por su casa empieza, el que escribe, desde ahora propone: “…..Que las Autoridades Indígenas de los pueblos originarios del Estado de Guerrero no conocerán ni tendrán jurisdicción en los delitos tipificados en el Código Penal y en Leyes Especiales, esto es, acorde con lo previsto por el numeral 14 de la Constitución Política…..”. Si se introduce esta propuesta a la Ley 701, ya no se darán casos como los vividos en el municipio de San Luis Acatlán, en el mes de agosto del año 2012, cuando el Lic. Filomeno Vázquez Espinoza y el Lic. José Luis Bernabé, Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y Secretario de Acuerdos, respectivamente, fueron detenidos y recluidos durante varios días, por mandato de Autoridades Indígenas mal asesoradas de aquella región y que después de tortuosas negociaciones fueron puestos en libertad, debido al canje efectuado por el Coordinador de la Policía Comunitaria, Máximo Tranquilino, quien estaba detenido por la Policía Ministerial, como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad. Nos vemos hasta la próxima entrega.
* Abogado