* El gobernador Héctor Astudillo considera que son “los candidatos idóneos” para ocupar la representación social en Guerrero
* La honorabilidad del primero de ellos ya fue cuestionada abiertamente por diputados de Movimiento Ciudadano
Alondra García / Fernando Hernández
El gobernador Héctor Astudillo Flores envió ayer al Congreso de Guerrero la terna de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado (FGE).
A las 11:45 horas, la Oficialía de Partes del Poder Legislativo recibió la propuesta del Ejecutivo integrada por Javier Ignacio Olea Peláez, Rogelio Parra Silva y Héctor Salvador Calleja Paniagua.
En el documento, el gobernador los calificó como “los candidatos idóneos” para dirigir a la Fiscalía General del Estado (FGE), y detalló que para su elección realizó un análisis del perfil, capacidad y experiencia de cada candidato,
Asimismo, dijo que eligió a los aspirantes basado “primordialmente en las necesidades que presenta nuestra entidad”.
El documento fue firmado por el Ejecutivo estatal y por el secretario general del gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame.
Javier Olea Peláez
Javier Ignacio Olea Peláez es licenciado en Derecho, titulado por la UNAM y con maestría en Criminología cursada en el Trinity College, en Cambridge, Inglaterra.
Olea Peláez tiene más de 40 años de experiencia en el litigio y amparo penal y su postulación ha sido rechazada por la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano debido a sus antecedentes.
El abogado penalista originario de Iguala fue defensor del ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, quien tiene una orden de aprehensión por el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y de su asistente.
También es abogado de Guillermo Estúa Zardaín, dueño del crematorio de Acapulco en el que se encontraron 60 cuerpos en estado de descomposición. Por ese caso, aún pesa sobre su cliente una orden de captura de carácter internacional.
Otros casos polémicos que defendió Olea Peláez fueron los del general Arturo Durazo Moreno, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, y de Juan Rafael Moro Ávila, acusado de asesinar al periodista Manuel Buendía.
También fue miembro de la defensa de Raúl Salinas de Gortari y del ex secretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, quien fue acusado de sobornar a auditores.
El abogado se ha caracterizado por denostar a las instituciones y poderes públicos cuando pierde los casos que defiende.
La noche del pasado primero de diciembre, cuando fue aprobada la lista con los 14 nombres de los aspirantes a fiscal que fue enviada al Ejecutivo del estado, el diputado Ricardo Mejía Berdeja cuestionó severamente el currículum profesional de Olea Muñoz e incluso lo acusó de ser un “pillo” y un sobornador, que siempre ha litigado contra los intereses públicos.
“Un pillo, un sobornador, de nombre Javier Olea Muñoz, ese nombre sólo mancha la lista y fue ampliamente debatido al seno de la comisión, como se debaten muchos asuntos, y nosotros desde el principio lo dijimos con mucha transparencia: no podemos avalar ninguna lista así sea la que se enviará al Ejecutivo para que dentro de ella seleccione una terna”, dijo en su momento el diputado local por Movimiento Ciudadano.
Rogelio Parra Silva
Rogelio Parra Silva es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Militante del PAN, fue candidato a senador por ese partido en 2003 y delegado del IMSS en Guerrero durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Tiene su propio despacho jurídico y este año también aspiró a presidir la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).
Héctor Calleja Paniagua
Héctor Salvador Calleja Paniagua es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero.
Dentro de la Procuraduría del Estado se ha desempeñado como agente del ministerio público del fuero común, delegado en Acapulco, fiscal regional en distintas regiones, director general de Control de Procesos Penales, director de Control de Averiguaciones Previas y Subprocurador.
El 2 de septiembre del 2014, Calleja Paniagua tuvo que rendir declaración por el asesinato del exdiputado local perredista Armando Chavarría Barrera, ocurrido el 20 de agosto de 2009.
Esto debido a su participación en la investigación de los hechos, la cual generó dudas entre las autoridades.
Ese día acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para declarar junto al exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo y el exprocurador de Justicia, David Augusto Sotelo Rosas.
Ahora corresponderá a los diputados proceder a entrevistar a los tres abogados para que presenten sus respectivos planes de trabajo y tienen como plazo 10 días para definir a quien ocupará el cargo que dejó vacante Miguel Ángel Godínez Muñoz.