Designa la LXI Legislatura a directivos de la estructura interna.—Prácticamente plantea el GIEI iniciar una nueva investigación del caso Iguala.— Podrán variar detalles, pero se mantendrá la parte sustancial de lo dicho por la PGR
Enrique Vargas
El Congreso del Estado, que preside la diputada Flor Añorve Ocampo, aprobó el martes las designaciones de Joel Eugenio Flores, como titular de administración; Jaime García Moreno, director de Comunicación Social; Benjamín Gallegos Segura, oficial mayor; y María Magdalena Vázquez, directora del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”.
Estos nombramientos fueron aprobados por unanimidad en el pleno de la Legislatura, por lo que desde ayer se oficializó el trabajo de estas personas que ya estaban en los puestos señalados, en espera solamente de la confirmación de su nombramiento.
Los nuevos funcionarios, aunque uno de ellos repite en el cargo, fueron felicitados por sus nombramientos, especialmente en los casos de Joel Eugenio, quien tiene una buena trayectoria en el sector administrativo oficial y en organismos de fiscalización, donde ha mostrado su capacidad y honestidad, por lo que se tiene la confianza en que habrá de hacer un buen papel en el cargo que se le confía.
Lo mismo ocurre con el joven periodista Jaime García Moreno, quien ha destacado por su trabajo y su dedicación en las labores informativas, por lo que ahora será un importante apoyo para la labor que desde el Poder Legislativo desarrolla la diputada Flor Añorve.
De esta manera se va integrando un nuevo gobierno en Guerrero, con nuevos funcionarios integrantes de una nueva orientación política, que tiene el enorme compromiso de rescatar al estado de las lamentables condiciones en que lo hundieron los gobiernos precedentes, incluido el reciente interinato que mostró su incapacidad para cumplir con su desempeño y que llevó al actual vacío de poder que reconoce el perredista Jesús Zambrano, presidente de la cámara de diputados federal, y uno de los promotores de quien fue impuesto como gobernador sustituto.
PRÁCTICAMENTE PLANTEA EL GIEI INICIAR UNA NUEVA INVESTIGACIÓN DEL CASO IGUALA.— Entre 6 y 8 meses tiene el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación de los normalistas de Ayotzinapa que en Iguala fueron agredidos y detenidos por policías municipales, quienes los habrían entregado a sicarios del grupo Guerreros Unidos, que los habrían sacrificado y hasta incinerado, pero hasta ahora, los integrantes de ese grupo de expertos extranjeros, enviados por la Comisión Interamericana de Derecho humanos (CIDH), no tienen una versión propia de lo que ocurrió con los 43 normalistas desparecidos, y lo único que han hecho ha sido tratar de descalificar y negar la única versión existente, la de la PGR.
Los padres de familia de los normalistas no aceptan la versión oficial, porque no hay cuerpos visibles de los 43 que no aparecen, por lo que insisten en que los “expertos” profundicen en sus investigaciones, ya que tienen la lejana esperanza de que los estudiantes aparezcan con vida, lo que es casi imposible.
Padres y expertos reclamaron que la investigación no la lleve en adelante la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), sino que sea transferida a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, también de la PGR, lo que sería un cambio sin mayor relevancia, porque ambas dependen de la misma Procuraduría, pero ahora rechazan a la primera porque fue la que les dio la información que no quieren aceptar como válida, porque resulta ser la más dolorosa.
Los integrantes del GIEI insisten en la necesidad de entrevistar directamente a los integrantes del 27 batallón del Ejército, que estaban de servicio ese día en Iguala, lo que se les ha hecho ver es improcedente, porque las fuerzas armadas del país no pueden estar sujetas al interrogatorio y supervisión de investigadores extranjeros, sino únicamente de las autoridades mexicanas, de modo que se advirtió que esos soldados y oficiales ya fueron sujetos a investigación por parte del Ministerio Público Federal, pero que si insisten en cuestionarlos tendría que ser en la PGR y con la presencia de las autoridades mexicanas.
En uno de sus informes, el GIEI dejó establecido anteriormente que por las investigaciones que hicieron no había ninguna evidencia de que los militares hubieran intervenido en el problema de los normalistas, sino que su actividad fue colateral para recabar información y eso antes de que fueran retenidos por los policías municipales.
Los padres de familia y los integrantes del GIEI no están conformes con la investigación de la PGR y las conclusiones a las que llegó hasta ahora, por lo que ambos plantean arrancar otra investigación, casi desde cero, para buscar otra posibilidad de lo ocurrido a los normalistas.
Habrá que esperar que hagan su investigación, aunque no se sabe si eso les llevará un año más de trabajos en ese sentido, cuyos gastos son cubiertos por el gobierno mexicano, que ha aceptado todos los cambios y las exigencias de los “expertos”, para evitar las suspicacias de los padres y de la gente interesada que los acompaña.
Habrá que esperar pues un año más para que esos “expertos” puedan entregar sus conclusiones y claro que lo ideal sería que en ese tiempo encontraran a los normalistas y los presentaran con vida para regresarlos a sus padres.
Sin embargo, esos no pasan de ser los mejores deseos posibles, porque todo indica que los señores expertos tendrán que reconocer dentro de 12 meses que la versión de la PGR no estaba tan equivocada, porque los normalistas efectivamente fueron ejecutados y sus restos quemados o desaparecidos por otros medios, para no dejar evidencia de esa masacre.
La lógica y las evidencias indican que con algunas variaciones y detalles de forma pero no de fondo, se habrá de ratificar el 70 u 80 por ciento de la versión de la PGR, pero con la parte sustancial de la investigación confirmada en su totalidad: la muerte de los 43 normalistas desaparecidos y las acciones destinadas a desaparecer los cuerpos.
¿Qué otra versión podrían presentar?