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domingo, 26 junio , 2022

Congreso pide a la CIDH medidas cautelares a la familia de Cardona

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Alondra García

 

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El Congreso de Guerrero solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ampliación de medidas cautelares por tiempo indeterminado a la familia del dirigente social asesinado Arturo Hernández Cardona, así como del testigo Nicolás Mendoza y su familia.

La propuesta fue presentada por el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja y la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Magdalena Camacho Díaz.

Los legisladores recordaron que en diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió las medidas cautelares en beneficio de la familia de Arturo Hernández y del testigo Nicolás Mendoza y su familia.

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En tribuna, el diputado Ricardo Mejía Berdeja expuso que el acoso y las amenazas a las víctimas indirectas son sistemáticas a pesar de las medidas cautelares, las cuales solo se han implementado parcialmente, sin cumplir plenamente con lo dictado hace nueve meses por la CIDH.

El 30 de mayo de 2013, Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón, miembros y simpatizantes de la Unidad Popular (UP) de Iguala, marcharon de esa ciudad rumbo a la caseta de cobro de peaje ubicada en el tramo federal de la carretera México-Acapulco, donde realizaron bloqueos intermitentes.

Al lugar llegaron integrantes de la Policía Federal (PF) al mando del inspector Alberto Castillo, con quienes los activistas tuvieron una discusión que derivó en la suspensión del bloqueo. Ese mismo día, de la UP fueron interceptados y desaparecidos cuando viajaban en una camioneta particular.

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Al día siguiente, el 31 de mayo de 2013, los señores Feliciano Ortiz Delgado, Rafael Ochoa Ochoa y Justino Osores Narciso, también integrantes de la UP, presentaron ante el gobierno municipal un documento dirigido al entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez, en el que solicitaron su intervención para que se investigara la desaparición de los 8 activistas.

Más tarde, ese mismo día se halló la camioneta en que viajaban las personas desaparecidas en Grúas Meta, un depósito de automóviles remolcados.

El 3 de junio de 2013, a las 6:00 horas, fueron encontrados muertos en la carretera federal Chilpancingo-Iguala los señores Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, con los ojos vendados y claras señales de tortura.

Los otros cuatro desaparecidos, Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes, lograron escapar de sus captores.

Posteriormente se tuvo conocimiento que Jimmy Castrejón, el último de los desaparecidos, había logrado escapar el mismo día de la captura, pero que por miedo se mantuvo oculto.

Más tarde, durante el mismo 3 de junio de 2013, el activista Héctor Arroyo Delgado, una de las personas que logró escapar, se comunicó vía telefónica con el defensor de derechos humanos Bertoldo Martínez Cruz diciéndole que habían asesinado al ingeniero Hernández Cardona el día siguiente a la desaparición y que él se iría de Iguala pues temía por su vida.

La Procuraduría General del Estado de Guerrero dio inició a la Averiguación Previa HID/SC/01/0758/2013.

El sobreviviente Nicolás Mendoza Villa, rindió declaración ante la Procuraduría General de la Procuraduría General del estado de Guerrero, en la que señala particularidades y detalles de la privación de la libertad y la tortura sufrida. Asimismo, hace señalamientos directos que indican que altas autoridades políticas del municipio de Iguala de la Independencia estaban entre los perpetradores de la tortura y las ejecuciones, incluyendo el Presidente municipal y el Secretario de Seguridad Pública del municipio.

Por esta declaración el testigo y su familia han tenido que cambiarse de casa en diferentes ocasiones, ya que comandos armados han irrumpido su vivienda.

El 17 de marzo del año 2014, el caso fue atraído por la Sub Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con el expediente PGR/SEIDO/UELDMS/439/2014. Actualmente el caso se encuentra en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal Federal con sede en Matamoros, Tamaulipas, bajo la Causa Penal No. 100/2014, a la que se acumula la averiguación previa de los Normalistas de Ayotzinapa.

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