* Sobre los reclamos que le hacen a su gobierno constructores y proveedores de diversas dependencias, para que les pague adeudos diversos, el gobernador respondió: debo no niego, pago ¿de dónde?
* Dijo ser respetuoso de la negativa del titular de la Sedena para que expertos interroguen a militares por el caso Iguala-Ayotzinapa
Fernando Hernández
El gobernador Rogelio Ortega Martínez le reviró al rector Javier Saldaña Almazán al asegurar que su gobierno no le debe “ni un peso” a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Cuestionado sobre las declaraciones del rector de la UAGro, quien recientemente dijo que esperaba que la administración de Ortega Martínez les entregara aunque fuera un “abonito” del dinero que les debe, el mandatario estatal fue categórico que su gobierno no le debe “ni un centavo” a la institución educativa, y aseguró que el de este año “es el subsidio más alto que le hemos dado a la universidad en toda su historia, aprobado por el Congreso y nunca se le ha detenido ni un sólo centavo”.
Por otro lado, sobre la declaración del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, de que no se permitirá que el Grupo Interdisciplinario del Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entreviste a los soldados del 27 Batallón con sede en Iguala, para aclarar la intervención que tuvieron antes, durante y después de los hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre del año pasado, que derivaron en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Ortega Martínez dijo que es respetuoso de la postura que ha asumido el alto mando del Ejército mexicano.
Al concluir un acto de la Coparmex Chilpancingo, el gobernador dijo tener esperanza de que la postura del general Cienfuegos no exacerbé las protestas en Guerrero; “es una decisión del máximo representante del Ejército Mexicano y yo soy respetuoso”.
Sobre el anuncio hecho por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados federal que dará seguimiento a las investigaciones del caso Iguala-Ayotzinapa, de que llamará a comparecer al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el mandatario sustituto indicó que “es correcto que todas las personas que estuvieron en el gobierno durante estos hechos participen cuando se les llame ante la autoridad”.
Sobre la eventual designación como Subsecretario de Protección y Vialidad de Chilpancingo, del dirigente de transportistas, Inocente Mojica, quien fue señalado por el empresario Pioquinto Damián Huato de ser operador del cártel de Los Rojos, Ortega Martínez dijo que “yo le he pedido a los alcaldes para que sean muy cuidadosos en la designación de sus directores de seguridad, que pasen los controles de certificación, para que no tengamos o se vuelva a repetir un problema de penetración del crimen organizado como sucedió en Iguala”.
Sobre la falta de recursos financieros de la que se han quejado desde hace un par de meses, tanto por él como sus funcionarios cercanos, y con la cual se ha justificado la incapacidad del Ejecutivo para atender las demandas sociales, Ortega Martínez adelantó que continuarán las protestas por este motivo.
Aseguró que lo que podría evitar la explosión de protestas antes de que concluya su administración, será el que la Federación haga llegar a Guerrero alrededor de 573 millones de pesos que, aseguró, fueron los que erogó el gobierno del estado para pagar la nómina magisterial semanas antes de que ésta fuera asumida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Y sostuvo que la SHCP se ha negado a enviar el dinero a las arcas estatales con el argumento de que “esa es una deuda del gobierno de Guerrero para con su magisterio que se ha ido acumulando por alrededor de 19 años”.
Con un rostro en el que se reflejaba un marcado hartazgo ante las preguntas de los reporteros, Ortega Martínez recurrió a su argumento de siempre para explicar la situación financiera de su gobierno: “debo no niego, pago ¿de dónde?”, cuando se le recordó la demanda de proveedores de la Secretaría de Salud, a quienes la dependencia les debe alrededor de 200 millones de pesos.