Alexis Blancas
Más de 60 organizaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe condenaron el asesinato del activista afromexicano Sael Silva Cisneros y exigieron a las autoridades mexicanas una investigación pronta, exhaustiva e imparcial para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.
A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones manifestaron su preocupación por el homicidio de Silva Cisneros, reconocido defensor de derechos humanos, promotor de los derechos de las personas LGBTI+ e investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El activista fue asesinado el pasado 5 de junio en el municipio de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, horas después de participar en el seminario “Disidencias afromexicanas en Guerrero: historia, justicia y derechos”.
En el documento, las organizaciones señalaron que este hecho no puede entenderse como un caso aislado, sino como una expresión de la grave situación de violencia e inseguridad que prevalece en la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca.
Asimismo, indicaron que el asesinato debe analizarse a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, particularmente aquellas relacionadas con la protección del derecho a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia y la protección judicial.
Ante ello, exigieron una investigación con perspectiva de derechos humanos que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen, además de garantizar el acceso a la verdad y la justicia para la familia de la víctima y para la sociedad.
También demandaron la implementación de medidas efectivas de protección para personas defensoras de derechos humanos, liderazgos afrodescendientes, activistas comunitarios y defensores de la diversidad sexual, quienes enfrentan diversos riesgos en el ejercicio de su labor.
De igual forma, solicitaron a los gobiernos federal y estatal adoptar acciones integrales para atender las condiciones de violencia que afectan a la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, fortaleciendo la presencia institucional, el acceso a la justicia y la protección de las comunidades.
Finalmente, hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que continúen vigilando el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en la protección de personas defensoras de derechos humanos, liderazgos afrodescendientes y sectores históricamente discriminados.