A 13 meses del asesinato del líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, integrantes de organizaciones sociales, colectivos de familiares de desaparecidos, representantes del magisterio disidente y familiares, protestaron al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) para exigir avances en las investigaciones y castigo a los responsables.
Los inconformes denunciaron la falta de resultados por parte de la Fiscalía y acusaron que en Guerrero prevalece la impunidad en los casos de asesinatos y desapariciones.
Durante el acto, el director del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, reprochó la omisión de las autoridades estatales y señaló que las víctimas y sus familias tienen que recurrir a movilizaciones, marchas y bloqueos para ser escuchadas por las instituciones encargadas de procurar justicia.
Criticó que, los mecanismos de protección para activistas y periodistas no estén funcionando adecuadamente, recordando que incluso Marco Antonio Suástegui había denunciado amenazas antes de ser asesinado, pero jamás recibió las medidas de protección efectivas.
Repeochó que las familias tienen que salir a las calles para exigir atención, mientras el fiscal siempre argumenta estar ocupado o en reuniones.
Por su parte, María de Jesús, esposa del dirigente social, exigió ser atendida directamente por el fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, para conocer los avances de la investigación.
Reclamó que, a más de un año del crimen, no exista ninguna persona detenida ni procesada por el asesinato de su esposo.
También hizo un llamado a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, para que intervenga y garantice justicia en el caso, al recordar que Marco respaldó su proyecto político durante el proceso electoral.
En el acto, las organizaciones participantes también denunciaron que continúan los ataques y hechos de violencia contra comunidades indígenas de municipios como Chilapa de Álvarez, Atlixtac y Olinalá, en la región Montaña de Guerrero.
Finalmente, exigieron una reunión directa con el fiscal estatal y demandaron información puntual sobre las investigaciones del homicidio del dirigente del CECOP.