Organizaciones no gubernamentales realizaron este martes una caravana humanitaria hacia la comunidad de Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, para brindar apoyo a familias desplazadas por la violencia que persiste en la región de la Montaña baja de Guerrero.
El convoy, integrado por al menos seis vehículos cargados con despensas, ropa y artículos de primera necesidad, fue encabezado por el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia “Minerva Bello”, con el acompañamiento de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
La caravana salió de Chilpancingo alrededor de las 9:00 de la mañana y arribó a Alcozacán poco después del mediodía, donde entregaron alimentos, productos de higiene personal y juguetes para niñas y niños que permanecen refugiados en la localidad.
A pesar de que autoridades estatales han informado sobre el retorno de algunas familias desplazadas a sus comunidades de origen, en Alcozacán continúan resguardadas más de 100 personas, quienes permanecen albergadas en la capilla del pueblo.
Las familias desplazadas son originarias principalmente de las comunidades de Tula y Acahuehuetepec, donde varias viviendas fueron incendiadas por presuntos grupos criminales, obligando a los habitantes a abandonar sus hogares y pertenencias.
El promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Sixto Mendoza, denunció que durante más de dos semanas las familias desplazadas han enfrentado problemas de alimentación, debido a que las tiendas de la comunidad no cuentan con capacidad suficiente para abastecer a la población.
Indicó que las despensas enviadas por los gobiernos federal y estatal representan un apoyo importante, sin embargo, señaló que resultan insuficientes ante las necesidades de las familias.
Asimismo, consideró que la solución de fondo no se limita a la entrega de ayuda humanitaria, sino a garantizar condiciones de seguridad y frenar la operación del grupo criminal que mantiene bajo amenaza a las comunidades de la zona.
La colecta y distribución de la ayuda fue impulsada por el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, quien actualmente permanece desplazado tras recibir amenazas de grupos criminales y que, desde el exilio, coordinó el envío de apoyos a las familias afectadas.