* Durante más de cuatro años se han aprobado cambios constitucionales, nuevas leyes y políticas públicas enfocadas en la igualdad de género, la prevención de la violencia y la protección de los derechos de las mujeres

Durante la administración estatal encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se han impulsado diversas reformas legales y políticas públicas orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres en Guerrero.

Entre los cambios más relevantes destaca la modificación al artículo 5 de la Constitución estatal, mediante la cual se estableció como obligación la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, eliminando obstáculos burocráticos en los procesos de localización.

En el ámbito legislativo también se promovieron las denominadas “Leyes Violetas”, que incluyen la Ley Ingrid, enfocada en sancionar la difusión de imágenes de víctimas para evitar su revictimización, y la Ley Camila, que endurece las penas por delitos sexuales y privación de la libertad contra menores.

Otra de las medidas implementadas fue la Ley de Bienestar, que garantiza apoyos económicos permanentes para mujeres jefas de familia.

Durante el primer año de gobierno también se aprobó la reforma al artículo 159 del Código Penal del estado, mediante la cual se despenalizó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, convirtiendo a Guerrero en la octava entidad del país en garantizar este derecho.

Asimismo, se impulsó un paquete de armonización legislativa que incluyó cambios a la Ley 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, estableciendo la paridad de género en el servicio público y la asignación de presupuesto con enfoque para reducir brechas de desigualdad.

Las reformas también incluyeron modificaciones a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ampliando las órdenes de protección e incorporando nuevas formas de violencia, como la digital y la política.

De igual forma, se reformó la Ley 994 de Planeación del Estado para establecer la perspectiva de género como un elemento obligatorio en los planes de gobierno.

Entre otras acciones se encuentran la creación de un reglamento para prevenir el hostigamiento y acoso sexual en dependencias del Poder Ejecutivo, así como la adopción de manuales de lenguaje incluyente en la comunicación oficial.

En años posteriores también se prohibieron las llamadas terapias de conversión, se publicó el Programa Estatal de Aborto Seguro y se incorporó la perspectiva de género en la Ley de Educación del estado.

En materia de salud reproductiva, el programa de Interrupción Legal del Embarazo reportó la realización de 131 procedimientos seguros durante este periodo.