Trabajadores universitarios, encabezados por el maestro en ciencias Francisco Javier Ferreira Martínez y el delegado sindical Flaviano Herrera Mejía, denunciaron públicamente una serie de irregularidades administrativas, políticas y laborales al interior de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que estarían afectando la operatividad institucional, la estabilidad laboral de los trabajadores y sobre todo, los derechos de los estudiantes.
En declaraciones ante medios, el académico Francisco Javier Ferreira, señaló que la actual administración de la Coordinación Zona Sur ha incumplido con los acuerdos políticos pactados en una minuta que fue firmada con distintos grupos universitarios, lo cual ha derivado en un ambiente de intimidación y amenazas. “Apoyamos candidaturas de unidad y no han cumplido con los compromisos: ni en nombramientos ni en pagos”, acusó.
Ferrería Martinez señaló que ha sido amenazado por el director de la Facultad de Derecho y que su salario, pese a contar con nombramiento oficial, no ha sido cubierto en su totalidad, ya que le argumentan que no puede ganar más que otros funcionarios.
En pancartas que colocaron a las afueras de las oficinas de la Coordinación Zona Sur piden la salida inmediata de América Guadalupe Bautista Salgado a quien acusaron de no contar con la experiencia necesaria situación que ha deteriorado el diálogo institucional, generado un clima de tensión y miedo.
“Muchos compañeros no están aquí porque los han amenazado. Si no se respetan los derechos de trabajadores y los estudiantes, la universidad caerá en la ingobernabilidad”, advirtió. Por su parte, Flaviano Herrera, delegado sindical de los laboratorios clínicos de la UAGro, denunció el abandono total de estos centro de trabajo, que por más de cinco décadas han brindado servicios médicos a estudiantes y personas de escasos recursos.
“Desde hace cinco años no tenemos subsidios ni reactivos. Se están rechazando más de 10 pacientes diarios, por la falta de estos insumos”, afirmó. Según Herrera, la administración central de la Universidad ha retenido de entre 10 y 15 millones de pesos que corresponden a estas clínicas sin reinvertirlos en su operación.
Ambos trabajadores universitarios coincidieron en que el incumplimiento de la minuta firmada el pasado 2 de abril es muestra del desinterés de la rectoría para resolver los conflictos que se tiene en la institución.
Finalmente, ambos académicos anunciaron nuevas medidas de protesta, incluyendo ayunos, crucifixiones simbólicas y actos públicos para visibilizar la crisis que se tiene en la universidad.