Jesús Saavedra
El Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala afirmaron que la investigación del caso y que encabeza presidente, Andrés Manuel López Obrador “ha fracasado, porque hoy no sabemos el paradero de nuestros hijos, solo existen hipótesis que distan mucho de ser verdad la verdad y la justicia están a la deriva”.
Este sábado se celebró la Asamblea Nacional Popular (ANP) en las instalaciones de la normal rural de Ayotzinapa en donde se acordó realizar un plan de acción a partir del próximo 26 de abril.
El finalizar la sesión de la ANP emitieron un documento en donde afirmaron que en el gobierno de López Obrador, “los grandes problemas continúan irresueltos, los grupos de la delincuencia controlan amplias zonas del país mientras la violencia lacera la vida de las familias de nuestro país, principalmente los pobres, la violencia contra las mujeres se acrecienta, los derechos laborales siguen siendo precarizados en la que los patrones salen ganando, los derechos a la educación, salud y vivienda son negados”.
Lamentaron que a pesar de ese entorno social, “el movimiento social sigue disperso y la fiesta electoral marca la agenda pública; prevalecen discursos vacíos de candidatos impuestos por una clase política disociada de los pueblos y la gente de abajo, varios de ellos de la derecha y con vínculos con grupos delictivos”
Indicaron que la candidata del Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum “que es la que se dice representar el movimiento progresista, sus 100 puntos de propuestas de campaña corresponden a obras y megaproyectos que terminará profundizando el capitalismo y enriqueciendo a las élites económicas. Esas propuestas no tienen nada de izquierda y sí de capitalismo salvaje y depredador”.
De la desaparición de sus hijos y las investigaciones que se realizan “las líneas de investigación relevantes del caso no se han impulsado por que no se cuenta con una fiscalía especial y Comisión para la Verdad y el Acceso (Covaj) a la justicia imparcial e independiente. Estos mecanismos especiales se han desmantelado y no existen condiciones para realizar una investigación pronta e independiente a la altura que exige el caso Ayotzinapa”.
Indicaron que hay “pruebas de que las investigaciones avanzaban, pero cuando la misma tocó al Ejército el presidente frenó las pesquisas, para encubrirlos; a la fecha existen elementos de pruebas contundentes que el Ejército debe ser investigado por sus acciones y omisiones en la desaparición de los 43”.
Precisaron que deben ser investigados porque el 50 Batallón de Infantería del Ejército con sede en Iguala, “infiltró a dos soldados en la normal inscribiéndose con fachada de alumnos de esta manera informaban las actividades de los estudiantes desde antes del 26 de septiembre; cabe destacar que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era un soldado infiltrado (Julio César López Patolzin)”.
Detallaron que cuando los normalistas arribaron a Iguala el 26 de septiembre del 2014, “cuatros soldados dieron seguimiento a los estudiantes (dos soldados de manera directa y dos más a través del C4) siendo testigos de las agresiones que sufrieron de principio a fin”.
Señalaron que un testigo que declaró ante Ministerio Público y ante Juez “que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, torturados y asesinados, posteriormente entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos”.
Agregaron que el Ejército tenía intervenidos los teléfonos de los cabecillas de Guerreros Unidos “y a los policías municipales de Iguala, cobra relevancia la intervención telefónica a los cabecillas del grupo delictivo Guerreros Unidos y de la Policía Municipal de Iguala en la que en horas clave de la desaparición a los jóvenes referían que 17 estaban siendo trasladados de Barandilla municipal a Loma de Coyotes”.
Indicaron que hay “pruebas y existen, están en manos del gobierno, concretamente de la Covaj; es claro que no hay voluntad política de Andrés Manuel López Obrador para investigar seriamente al ejército mexicano, por el contrario, su narrativa de culpar a los abogados de las madres y padres de los 43 es una táctica deliberada de encubrir al Ejército mexicano por sus crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa”.
Reiteraron su petición de una audiencia con López Obrador “para hacer un balance de las investigaciones y el gobierno dé cuentas de los resultados en el caso y donde están los jóvenes; para las madres y padres es fundamental que el gobierno diga qué se logró esclarecer y qué está pendiente. El caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral sino por la senda de la verdad y justicia, por lo tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral, la reunión con el presidente tiene que ser en los plazos que el propio jefe del Ejecutivo refirió”.
Señalaron que si no les dan una audiencia pronto, “ampliaremos las protestas incorporando a otros sectores, haremos alianzas con los maestros, campesinos e indígenas que hoy ven sus derechos conculcados. Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral. No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos el sistema de partido se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos”.
Lamentaron que Claudia Sheinbaum no tenga una postura referente a la desaparición de sus hijos “cuando es la candidata del partido del gobierno que prometió el esclarecimiento del caso y no lo ha logrado”.
Agregaron que “las madres y padres de los 43 nos guía la necesidad de saber el paradero de nuestros hijos. No militamos ni obedecemos a ningún partido político, pero estamos en nuestro derecho de protestar y exigir diálogo con el presidente y mientras esto no ocurra la protesta llegará a las campañas electorales. Sino no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa exigiendo verdad y justicia por los 43”.