Jesús Saavedra
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) acusó al gobierno de Israel de conceder un “amparo de facto” al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio a quien el gobierno de México reclama su extradición para que responda por sus actuaciones en las investigaciones que realizó por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014.
Este viernes poco después de las 6 de la mañana la Cancillería emitió un comunicado para exponer los casos de extradición del ex diplomático, Andrés Roemer Slomianski a quien la justicia lo reclama en México por acusaciones de abuso sexual.
Además, informó del caso de Tomás Zerón de Lucio a quien se le acusa de abuso de autoridad, tortura y de inventar la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quien según esa versión fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, hipótesis que ya fue desechada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La SRE aseveró que el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, “ha sido largo e infructuoso”, luego que al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto se fue a Canadá y posteriormente a Israel.
Es de conocimiento público que cuando Zerón de Lucio era funcionario de la extinta PGR, realizó compras de tecnología (en su mayoría de espionaje como el programa Pegasus) a empresarios de Israel, en donde ha estado refugiado desde hace casi 5 años.
La Cancillería explicó en el comunicado que solicitaron su “extradición el 9 de julio de 2020, inicialmente al Gobierno de Canadá, que procedió a su búsqueda y, al no localizarlo, nos informó el 24 de agosto de 2020 que Tomás Zerón había salido de Canadá el 21 agosto de 2019 con destino a Tel Aviv (Israel)”.
Detallaron que en agosto de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) inició gestiones ante el Estado de Israel para localizar a Tomas Zerón, requerido por la justicia mexicana, “la solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana el 30 de diciembre de 2021”.
Señalaron que a la fecha el gobierno de México “ha reiterado en diversas ocasiones, al más alto nivel político y diplomático, la importancia que otorga al caso y la grave preocupación por la falta de progreso”.
Indicaron que Tomás Zerón de Lucio “es requerido por la justicia mexicana por delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, así como por el uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa”.
Recordaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió misivas al entonces primer ministro Naftalí Bennett, en septiembre de 2021, y a su sucesor, Benjamín Netanyahu, en junio de 2023, solicitando y reiterando la extradición de Tomás Zerón.
Aseveraron que tanto la FGR como la Cancillería “han insistido reiteradamente en la pronta resolución de este caso de interés nacional, con sus contrapartes del Estado de Israel, a través de 22 videoconferencias, al menos 70 comunicaciones electrónicas y una visita a Jerusalén de una delegación mexicana encabezada por el titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la FGR”.
Agregaron que después de “múltiples solicitudes de actualización al Estado de Israel, el 14 de diciembre de 2023 el Ministerio de Justicia del Estado de Israel comunicó que la petición de extradición se encuentra en su etapa final de análisis. Esta misma información fue reiterada el 1 de febrero de 2024 por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. En tal virtud, el 21 de marzo se insistió infructuosamente con las autoridades israelíes en la necesidad de conocer los avances en el caso que nos ocupa”.
Subrayaron que “la acción legal que reclama México al Gobierno de Israel busca la extradición de una persona acusada de ejercer actos de violencia, infundir miedo, torturar y permanecer prófuga de la justicia. La falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón y amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo con el Estado de Israel”.
Finalizaron afirmando que continuarán “dando seguimiento y cumplimiento puntual a los dos casos pendientes de extradición con el Estado de Israel”.