En el estado de Michoacán, los cultivadores de limón se ven obligados a desembolsar entre 69 y 100 millones de pesos mensuales como “derecho de piso” y cuotas impuestas por grupos del crimen organizado.
Las extorsiones llegan a alcanzar hasta 1,50 pesos por kilo de limón. Según un informe publicado por el diario Reforma, los productores siguen bajo amenazas de muerte por parte de estas organizaciones criminales, que exigen el pago de estas cuotas como condición para seguir operando.
La producción de limón se encuentra detenida en la región de Apatzingán, lo que está generando una crisis económica significativa.
Muchos productores han optado por dejar de cultivar debido al temor de ser víctimas de la violencia del crimen organizado.
En algunos casos, los productores han abandonado sus tierras y viviendas para proteger sus vidas.
Los jornaleros que se resisten a pagar estas cuotas impuestas por el crimen organizado enfrentan ataques y asesinatos, lo que agudiza la situación de inseguridad en la región.
Esta interrupción en la producción de limón también tiene un impacto en los precios en los establecimientos comerciales, como supermercados, tiendas y mercados locales.