Jesús Saavedra

El abogado Rubén Cayetano García pidió a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que resuelvan sin presiones las impugnaciones a la elección de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que presentaron dos universitarios.

El pasado 15 de junio se informó que el expediente TEE/JEC/033/2023 del juicio electoral ciudadano promovido por Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Trani, a quienes les negaron su registro como candidatos a la Rectoría por no cumplir los requisitos,fue turnado a la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz.

Informó que en ese juicio se impugna la resolución emitida por el Tribunal Universitario en el expediente UAGro/TU/INC/01/2023 y que fue avalada por el Consejo Universitario en sesión del pasado martes 6 de junio, por la que se calificó la elección y concedió el carácter de rector electo a Javier Saldaña Almazán, quien fue candidato único. 

En el expediente, el Tribunal Universitario dio por cumplido el trámite por haber rendido su informe circunstanciado y remitir las constancias de origen.

Cayetano García indicó que en el expediente se tiene como tercero interesado al rector electo, Javier Saldaña Almazán, quien ya compareció ante el Tribunal Universitario.

Añadió que Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui, tienen por ofrecidas sus pruebas, de las que se resolverá sobre su admisión y desahogo en su momento procesal oportuno.

El exdiputado federal de Morena dijo que entre los agravios señalan que no se cumplió la paridad de género y que se debe revisar que Javier Saldaña Almazán es inelegible porque ya se reeligió.

Por ello hizo un “respetuoso pero enérgico exhorto a las y los integrantes del TEE a no dejarse presionar por intereses políticos aviesos que distorsionan el concepto de autonomía para hacer y deshacer convenientemente”.

Además, los exhortaron “a actuar con absoluta y meridiana imparcialidad porque el agravio que se sustenta en la ruptura de la periodicidad democrática en la Universidad Autónoma de Guerrero, es una particularidad que tiene que ver con la Ley Orgánica Número 178 expedida por nuestro Congreso de Guerrero en la LXI Legislatura en 2016, no se trata del Estatuto ni de un Reglamento interno.

Consideró que se trata de “un asunto de interés público. Tampoco se trata de su autogobierno, ni su proyecto educativo, ni de un asunto de investigación o de su presupuesto, nada relacionado con la autonomía. Se trata de la salvaguarda de la legalidad, del estado de derecho, del marco constitucional del que emanan nuestras leyes, mismas que están obligados a hacer prevalecer para evitar un grave retroceso y precedente antidemocrático en Guerrero. Les exigimos no perder autoridad democrática como impartidores de justicia sesgando su actuar al margen de la ley”.