Jesús Saavedra
El Caracol. —Uno de los proyectos que impulsó a su paso por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Genaro García Luna fue la instalación de una base de operaciones aéreas en la lucha contra el narcotráfico y contra grupos guerrilleros en Guerrero, permanece en el abandono y en franco deterioro.
Se trata de unas instalaciones que fueron construidas hace dos décadas entre este poblado El Caracol y la cortina de la presa “Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa”, en el municipio de Apaxtla de Castrejón, en la zona Norte de Guerrero.
A finales de la década de 1970 se construyó esta presa hidroeléctrica, que en la actualidad es resguardada por soldados del Ejército y es considerada como instalaciones estratégicas, por la generación de electricidad que surte principalmente al centro del país.
La presa se concluyó en 1986 e inicio operaciones, a principio de 1990 se construyeron unas bases de operaciones entre la cortina de la presa y la comunidad de El Caracol, donde se tenía una pista de aterrizaje y helipuerto para trasladar a personal que daba mantenimiento a esas instalaciones.
De acuerdo a información pública, esa base de operaciones fue dejada en el abandono en 1992 y 18 años después fue retomada en un proyecto que promovió García Luna, quien ya había trabajado en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la república en el 2000, se nombró al general, Rafael Macedo de la Concha al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), quien encomendó a Genaro García Luna la reestructuración de la extinta Policía Judicial Federal (PJF).
Un año después, en el marco del primer informe de gobierno de Vicente Fox se publicaba el decreto de creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), proyecto que trabajó y concretó, García Luna quien fue nombrado como director de esa corporación federal y su ascenso en tareas de Seguridad en el país durante más de dos sexenios.
De esa manera se retomó el proyecto de rehabilitar ese centro de operaciones en la zona Norte de Guerrero, que serviría para la capacitación de agentes de la AFI, la lucha contra el narcotráfico y en tareas de combate a grupos guerrilleros.
Existe constancia en un documento de la PGR, filtrado en el 2001 y señala que la reactivación de ese centro de operaciones, “permitirá obtener mayores y mejores resultados en la erradicación de cultivos ilícitos y permitirá la supervisión en torno al transporte y tráfico de enervantes”.
En aquellas fechas se informó de una inversión de 5 millones 650 mil pesos para la primera etapa de rehabilitación de esas instalaciones, a las cuales se le acondicionó con pasto, se cercó, se acondicionó un área de hospedaje, un área administrativa, una cancha de usos múltiples, una alberca, un gimnasio y un centro de investigación y capacitación a pilotos; además de acondicionar un helipuerto con capacidad de tener hasta 6 aeronaves y una pista de aterrizaje de avionetas.
Se habló también de una segunda etapa para construir un invernadero y un hangar, que tendría una inversión de 4 millones 350 mil pesos, de acuerdo al documento de la PGR.
Ese documento señalaba que “la puesta en marcha de la Base de Operaciones de El Caracol en el estado de Guerrero, traerá consigo múltiples beneficios para la PGR, entre los que destacan mayores y mejores resultados en la erradicación de cultivos ilícitos y en el tráfico de enervantes”.
Además “su operación será disuasiva para grupos armados, además al contar con hangar propio, el tiempo y costo en materia de traslados, reparaciones menores y mantenimiento preventivo de la flota de erradicación de cultivos, se reducirá considerablemente”.
Habitantes de esta población, indicaron que desde hace al menos una década dejaron de funcionar esas instalaciones, que de acuerdo a sus testimonios sirvieron para fiestas que organizaban funcionarios de primer nivel de la extinta PGR.
Dos décadas después esa Base de Operaciones se encuentra en el abandono y en el deterioro, mientras su impulsor y creador, Genaro García Luna inicia este martes un juicio en los Estados Unidos, acusado de ser cómplice del Cartel de Sinaloa a quien habría protegido desde su cargo como servidor público en tareas de Seguridad y Procuración de Justicia durante más de dos décadas en México.