- Aseguran que debido a las amenazas de policías comunitarios de la UPOEG tuvieron que abandonar sus hogares en Buenavista de la Salud, desde hace 4 años, pero hasta el momento no han recibido apoyo del gobierno
Jesús Saavedra
Representantes de unas 40 familias que dijeron ser víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, protestaron afuera de la sede del Poder Ejecutivo para pedir el apoyo del gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda.
La protesta de los supuestos desplazados ocurrió en el marco de la visita a Guerrero de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado, Cecilia Jiménez Damary, quien estará en nuestra entidad este martes y miércoles en una visita de trabajo oficial.
Los manifestantes desplegaron varias pancartas en las que denunciaron que son víctimas de desplazamiento forzado y que a pesar de ello, no han sido atendidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En el lugar, la señora María González Pérez explicó que tienen un censo de más de 40 familias que han tenido que abandonar sus hogares desde hace más de cuatro años, debido a las “amenazas por parte de los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)” que tienen bases de la policía comunitaria en el valle de El Ocotito.
Indicó que ante las amenazas de los dirigentes de la UPOEG, decidieron salir de Buenavista de la Salud y se fueron a vivir a otras ciudades del estado, pero “a la fecha no hemos recibido ningún apoyo de ninguna autoridad, a pesar que hemos pedido su ayuda en más de una ocasión y lamentablemente no nos hacen caso”.
María González denunció que tuvieron que abandonar sus viviendas, sus muebles, sus tierras de labor y las actividades comerciales a las que se dedicaban, “nos salimos sin nada y hasta la fecha no tenemos ningún apoyo, por eso pedimos la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda”.
Afirmó que tienen escritos y videograbaciones con las amenazas de los dirigentes de la UPOEG, las cuales han puesto a disposición del gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), “pero no vemos ningún avance en las indagatorias”.
Añadió que al gobierno del estado le han pedido que los apoyen con proyectos productivos, que han acudido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y girado oficios al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pero no tienen respuesta.
Los inconformes fueron atendidos por personal de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.