- El exgobernador de Guerrero consideró “necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”.
- “Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec, no me voy a esconder ni mucho menos”, aseguró
Jesús Saavedra/Redacción
El exgobernador Ángel Aguirre Rivero dijo tener la conciencia tranquila y negó haber participado en alguna reunión con el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, con la intención de construir la denominada ‘verdad histórica’ sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014.
A través de un posicionamiento dirigido a la opinión pública, el exmandatario guerrerense expresó categórico: “Nunca sostuve reunión alguna con el licenciado Jesús Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’; son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”.
En sus redes sociales, Aguirre Rivero dijo que “vale la pena recordar que el señor Tomás Zerón, quien fungía como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), intentó involucrarme a toda costa como miembro de la delincuencia organizada, como consta en las declaraciones formuladas por el maestro Iñaki Blanco, exprocurador del estado y el doctor Jesús Martínez Garnelo, secretario de Gobierno durante mi administración”.
Añade que “ante los recientes acontecimientos que estamos viviendo con motivo del Caso Ayotzinapa, y ante la publicación de algunas notas periodísticas donde se hacen interpretaciones sesgadas del informe que presentó en días pasados el gobierno federal, son pertinentes estas precisiones.
Recordó que el exprocurador, Iñaki Blanco, ha señalado en múltiples ocasiones que “todas las investigaciones y acciones que realizó la entonces Procuraduría de Justicia se mantienen firmes, toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”.
Sin embargo, señala que tras ejercer la atracción del caso, el gobierno federal cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero.
Aguirre Rivero explica que las 83 órdenes de aprehensión giradas por FGR durante los últimos días se desglosan de la siguiente manera: 20, contra mandos militares y personal de tropa; cinco, contra autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26, contra policías municipales de Huitzuco; seis, contra policías municipales de Iguala; una, contra policía de Cocula; 11, contra policías estatales y 14, contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”.
Destaca que presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, en su informe se refiere a 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión que clasifica en tres rubros: funcionarios federales, funcionarios municipales y miembros de la delincuencia organizada, pero “no hay mención para funcionarios estatales”.
Más aún, añade, en el informe se establece que los obstáculos a la investigación provinieron de los jueces federales, las instituciones federales de ese momento, que son la PGR-FGR, la Sedena y el Cisen.
Indica que no es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, pero “mucho menos de fabricar culpables a través de publicaciones periodísticas”.
“Reitero que nunca sostuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’, nunca celebré ninguna reunión con (Jesús) Murillo en Iguala y en ninguna otra parte. Resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto”, insiste.
Recuerda que la denominada “verdad histórica” fue desechada porque fue fabricada.
Aguirre Rivero sostiene que “es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”.
También recuerda que en lo personal, y varios de sus colaboradores han sido citados a declarar, y por lo tanto reitera su disposición de acudir las veces que sean necesarias para explicar las actuaciones que se realizaron durante y después de la agresión y desaparición de los estudiantes.
Incluso plantea una revelación: “Es menester informarles que a la conclusión del informe Ayotzinapa, tomé contacto con el licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión”.
Aguirre Rivero concluye: “Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec, no me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”.
Todo lo demás son meras especulaciones. Les agradezco todas sus muestras de solidaridad y cariño. Yo por mi parte estoy tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre con una gran dignidad y decoro cualquier señalamiento que se me haga.
El sábado, el exgobernador había señalado en el Colofón de su columna que se publica los sábados en Milenio, que valoraba “el informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas sobre el avance en las investigaciones del Caso Ayotzinapa, aunque las expectativas por encontrar con vida a los estudiantes son mínimas, es mejor conocer la verdad aunque duela”.
El jueves pasado, Alejandro Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que presentó “información” para que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara acciones penales en contra de 33 personas, una de ellas el exprocurador, Jesús Murillo Karam, quien fue detenido el pasado viernes en la Ciudad de México.
Y aunque no ha sido confirmado, trascendió que durante la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador les habrían informado a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos los nombres de militares y exfuncionarios federales, estatales y municipales contra quienes se iba a proceder penalmente por sus actuaciones en el caso.
Entre los nombres que les habrían proporcionado estarían los del exgobernador Aguirre Rivero; el exprocurador, Iñaki Blanco; el exsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, y el excoordinador de Proyectos Estratégicos, Ernesto Aguirre Gutiérrez.