La Red Solidaria Década Contra la Impunidad y la Coordinadora Nacional ‘Plan de Ayala’ informó que esa múltiple ejecución ocurrió en abril de 2015, en Igualapa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está analizando, en una etapa de admisibilidad, el caso de cinco policías comunitarios que fueron asesinados en la Costa Chica, por policías del estado, y ahora esperarán cinco meses para que el gobierno de México presente sus alegatos que considere pertinente,
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad y la Coordinadora Nacional ‘Plan de Ayala’, emitió este lunes un comunicado para informar que la CIDH admitió este caso y está en etapa de admisibilidad.
Se trata de un hecho ocurrido el 30 de abril del 2015,cuando se registró un enfrentamiento a balazos en la Costa Chica en el que fueron asesinados a tiros los policías comunitarios Modesto Alberto Sánchez Cruz, Bertín Villanueva Verónica, Erick Manuel Paniagua Bernal, Antonio Martínez Hernández y Fulgencio Baltazar Santiago Suástegui.
Fue un hecho que se registró en el tramo carretero de San Juan de los Llanos y la desviación a El Capulín, municipio de Igualapa, en la región de la Costa Chica. De acuerdo con los datos proporcionados, esa ocasión un grupo de la Policía del Estado acudió a rescatar a Noé Marroquín Reyes, a quien la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias le había iniciado un proceso por presuntos vínculos con el narcotráfico, y en el operativo resultaron muertos dos uniformados.
En el comunicado, la Red informa que el caso “encuentra en etapa de admisibilidad en la CIDH, y que este organismo le fijara un plazo de tres meses, máximo 4 meses al Estado mexicano, para que presente sus observaciones a la petición y envié informe sobre estos hechos” .“Los policías comunitarios son ejecutados por policías estatales, queda como sobreviviente el policía comunitario Fructuoso Sánchez Cruz, esto durante una emboscada que realizó la policía estatal para rescatar a un narcotraficante que tenía la policía comunitaria”, recuerda.
Señala que ahora el gobierno de México tiene máximo hasta el13 de noviembre del presente, para que responda a lo que a sus intereses correspondan.