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domingo, 3 julio , 2022

El Congreso de Guerrero despenaliza el aborto

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  • Guerrero “se pone a la vanguardia legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su vida y su cuerpo”, argumentó la morenista Beatriz Mujica
  • En tribuna, 3 diputadas y un diputado expresaron su desacuerdo con la iniciativa para modificar el Código Penal del Estado y despenalizar la interrupción del embrazo en las primeras 12 semanas de gestación

Gilberto Guzmán

El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos —30 votos a favor, 13 en contra y uno nulo, que fueron emitidos en secreto por los diputados—, diversas modificaciones al Código Penal del Estado para despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, con lo cual Guerrero “se pone a la vanguardia legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su vida y su cuerpo, y se enfrenta la problemática de mortalidad de mujeres por abortos clandestinos”.

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Así lo señaló la diputada Beatriz Mojica Morga, secretaria de la Comisión de Justicia, durante la sesión de este martes en la que se aprobó el dictamen que contiene las reformas y adiciones a dicho ordenamiento para despenalizar la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, además de establecer penas consecuentes a quien se realice o ayude a realizar este procedimiento después de ese plazo, con o sin el consentimiento de la mujer.

La diputada de Morena, una de las 3 legisladoras de ese partido que presentaron esa iniciativa en enero pasado, dijo que con la aprobación de esta reforma se da cumplimiento también a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y respuesta a la Alerta de Violencia contra las Mujeres por Agravio Comparado en Guerrero.

Destacó que de ninguna manera se trata de promover el aborto, sino que se reconoce el derecho humano de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo, además de que se pretende eliminar la tasa de mortalidad de mujeres que se practican abortos clandestinos que provocan hemorragias obstétricas y, por ende, la muerte, en Guerrero.

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Mojica Morga subrayó que este avance permitirá terminar con la criminalización legal y social que ha afectado por décadas a las mujeres, sobre todo a las más pobres y con poco acceso a la información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Por ello, convocó a sus homólogos a tomar en serio su papel de legisladores y estar a la altura del momento histórico. “Cuando estamos en este pleno estamos más allá de nuestras creencias personales; cuando estamos en este pleno nuestro deber es laico y de atención a las problemáticas sociales”, manifestó.

El dictamen también señala en el artículo 155 que el aborto se permite con consentimiento hasta las primeras 12 semanas de gestación, con excepción de las excluyentes de responsabilidad, y se reduce la pena de 1 a 3 años de prisión a 6 meses o 2 años a quien practique el aborto después de este tiempo, con o sin consentimiento de la mujer.

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Razonaron su voto en contra las y los diputados Jesús Parra García, Ana Lenis Reséndiz Javier, Yanely Hernández Martínez y Julieta Fernández Márquez, mientras que a favor lo hicieron Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez, María Flores Maldonado, Beatriz Mojica y Antonio Helguera Jiménez.

El diputado Jesús Parra García razonó su voto en contra del dictamen sobre interrupción legal del embarazo, indicando que el mismo no se realizó conforme al procedimiento legislativo. Agregó que esto tendrá un costo social y político de magnitud considerable porque se violentan los derechos humanos de las minorías.

Para razonar su voto en favor, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez manifestó que la aprobación de este asunto es una cuestión de justicia social, salud pública y derechos humanos, con el que se hace historia en la lucha de los derechos de las mujeres guerrerenses.

Destacó que Guerrero es la cuarta entidad con mayor número de muertes por abortos clandestinos y la sexta entidad con más muertes maternas entre 2002 y 2017, cifras por las cuales las y los diputados tienen una responsabilidad de adecuar el marco jurídico en materia de derechos humanos.

La diputada Ana Lenis Reséndiz Javier, al razonar su voto en contra, se pronunció por el derecho a la vida, por ser uno de “los más esenciales”. Añadió que se trata de un bebé en gestación que tiene derecho a la vida y el Estado está obligado a protegerlo. En ese sentido, dijo que lo mejor es ayudar para mejorar las condiciones de la vida de las mujeres.

En favor del dictamen se pronunció la diputada Nora Velázquez Martínez, dijo que lo que se discute es parte del reconocimiento y defensa de los derechos y libertades de las mujeres, garantizar y reconocer su derecho a decidir sobre su cuerpo y maternidad, y verlas como humanas y no como sujeto de subordinación.

Además, dijo que la despenalización es un mandato que va de la mano del interés general de las y los guerrerenses, pues existen miles de mujeres, niñas y adolescentes violentadas a lo largo del tiempo que han sido abusadas y condenadas a la maternidad forzada, proceso durante el cual han perdido la vida en abortos clandestinos.

La diputada Yanelly Hernández Martínez se pronunció en contra del dictamen en materia de aborto y en favor de la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Agregó que la vida debe ser protegida por el Estado, ya que es el derecho fundamental que está por encima de todos.

Al razonar su voto a favor, la diputada María Flores Maldonado dijo que la 63 Legislatura se encuentra en el umbral de un hecho que cambiará completamente la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en Guerrero.

Precisó que no se promueve el aborto, sino que se armoniza la legislación penal conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de penalizar la práctica. En ese sentido, indicó que lo que se garantiza es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.

La diputada Julieta Fernández Márquez reprochó que se le esté dando prioridad al aborto, más allá del deber de garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres.

Al razonar su voto en contra, refirió que actualmente la interrupción del embarazo es una ideología en todos los ámbitos de gobierno, donde se le ve como algo normal, cuando su obligación debería ser promover, respetar, proteger y garantizar los derechos en favor de la persona y la vida, particularmente de quienes no tienen voz.

A favor del dictamen, el diputado Antonio Helguera Jiménez refirió que el interés es reforzar los derechos de la mujer, hecho ante el cual se está adecuando el marco jurídico, para que puedan decidir sobre su cuerpo y para liberarlas de estigmas.

Agregó que despenalizar la interrupción del embarazo no es un sí al aborto, ni un no a la vida, sino que es una muestra del compromiso con las mujeres por su derecho a decidir, y que en acompañamiento de la ley, pueda ser asistida por todo el Sistema de Salud y protegida por el orden jurídico. Remató diciendo que los derechos humanos no están sujetos a consulta, y que en el estado y el país por mandato constitucional, toda persona, individual o colectiva, es titular de todos los derechos humanos.

En la votación del dictamen, la diputada Julieta Fernández Márquez presentó una reserva al artículo 159 Fracción Primera en relación con la interrupción legal del embarazo por causas de violación o inseminación artificial no consentida, sin excluir la presentación de denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial, para efecto de proteger a las víctimas, pero la propuesta fue rechazada por mayoría de votos.

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