Gilberto Guzmán
La designación de la maestra Natividad Pérez Guinto como encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), con todas las facultades y obligaciones que el cargo implica, está apegada a la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, precisó el diputado presidente de la Comisión de Evaluación y Vigilancia de la ASE, Jacinto González Varona.
Explicó que el oficio mediante el cual el presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel, notificó a la hoy auditora encargada esa disposición, fue fundamentado en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en relación a los artículos 30 y 31 de la ASE, primer párrafo de la Ley 468, y al ser en ese momento la única auditora especial en funciones adquirió la calidad de encargada del órgano de fiscalización, con todas las atribuciones que señala el artículo 89 de la misma ley.
Pese a los argumentos del PRI, basados en la misma Ley de Fiscalización, el diputado morenista afirmó que no se trató de un nombramiento como tal, sino de que por corrimiento, tras la renuncia del anterior auditor superior y demás auditores especiales, a ella le tocaba ser la encargada de despacho, en tanto el Congreso nombra a un nuevo titular.
De esta manera, el legislador, en su calidad de presidente de la Comisión y a nombre de la fracción parlamentaria del partido Morena, respondió a los señalamientos que hicieron los diputados priistas en una conferencia de prensa este martes, en la que acusaron que hay un procedimiento ilegal en la llegada de Pérez Guinto como encargada de la ASE.
González Varona hizo un llamado a los priistas a no politizar un tema eminentemente técnico, a privilegiar el diálogo y no tratar de ejercer presión mediática, y que si consideran que se está violando la ley, que acudan a las instancias correspondientes para que sean los tribunales los que decidan, y no los periodicazos o microfonazos.
“Yo les pido que dejemos de meter el tema político al tema técnico, esto es algo muy delicado porque se trata de la fiscalización de los recursos públicos ejercidos por funcionarios, por entes fiscalizables, y que se puede distorsionar el asunto y después podríamos tener problemas jurídicos más graves”, agregó.