• A pesar de que la toma de casetas y cobrar cuotas a los automovilistas en la Autopista del Sol es un delito federal, el organismo considera que se les impidió ejercer “de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión” al no permitírselo

Jesús Saavedra/Redacción

A pesar de que la toma de casetas en autopistas de cuota, para cobrar u obtener algún beneficio económico, es considerada un delito federal que se castiga con hasta 7 años de prisión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró “actos de intimidación” el despliegue de policías para impedir que normalistas de Ayotzinapa tomaran las casetas de la Autopista del Sol durante el fin de semana pasado.

Este domingo, mediante un comunicado, la CNDH que preside Rosario Piedra Ibarra condenó “los actos de intimidación y censura cometidos contra familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y solicita a las autoridades federales y estatales garantizar su derecho a la manifestación pacífica”.

El organismo defensor de los derechos humanos parece ignorar que las acciones de los normalistas no se limitan a manifestarse de manera pacífica para exigir la presentación de sus 43 compañeros desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, sino que obtienen un beneficio económico de manera ilegal, pues de acuerdo con cálculos de Caminos y Puentes Federales —organismo que administra la Autopista del Sol—, sólo en los dos primeros fines de semana de enero los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa recaudaron al menos 4 millones de pesos porque cobraron 100 pesos a miles de automovilistas que utilizaron esa vía de cuota.

La CNDH argumenta que “elementos de la Guardia Nacional (GN) y policías del estado de Guerrero impidieron que madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, acompañados por alumnos de la Normal Rural, arribaran este 28 de enero a la Plaza de Cobro de Palo Blanco, de la Autopista del Sol, para realizar un mitin donde exigirían la presentación con vida de sus seres queridos, de acuerdo con información publicada en medios de comunicación”.

Justifica que, “cada mes, los familiares de los estudiantes desaparecidos llevan a cabo jornadas en diversas plazas de cobro de la referida autopista para difundir información relativa al caso, y manifestarse pacíficamente”. 

Por esa razón, “la CNDH considera que las acciones realizadas por las fuerzas de seguridad federales y estatales impidieron que las víctimas indirectas de los lamentables hechos, ocurridos el 26 de septiembre de 2014, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión, consagrados en leyes nacionales e instrumentos internacionales”.  

“Por ello, contundentemente se pronuncia en apoyo de las madres y padres de los normalistas desaparecidos, y los estudiantes de la normal, y respetuosamente exhorta a la Guardia Nacional y a la Policía del estado de Guerrero para que tomen las medidas necesarias para garantizar sus derechos humanos y su lucha, en legítima demanda de conocer la verdad y que se haga justicia en este caso; además de abstenerse de incurrir en acciones que puedan poner en riesgo su integridad física”, concluye el comunicado de la CNDH.