• El abogado de los padres de los 43 desaparecidos criticó también la falta de interés de la Fiscalía General de la República para traer ante la justicia en México a Tomás Zerón, exdirector de la AFI

Redacción

Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que, aunque hay voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) y altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siguen sin mostrar interés en cumplir con su obligación para dar con el paradero de los desaparecidos.

El abogado de ‘Tlachinollan’ dijo que la FGR se ha negado a ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes sobre personas que son presuntamente las directamente responsables de estos hechos, como a los colaboradores que podrían aportar información valiosa sobre el asunto.

Mencionó por ejemplo el caso de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia Federal de Investigación, quien según indicios se encuentra oculto en Israel, pero su extradición sigue “estancada, sin que se le pueda traer al país” para someterlo a la justicia.

Respecto al Ejército, Rosales Sierra afirmó que se ha negado a cooperar en la investigación a pesar de que hay indicios de que sus elementos tuvieron conocimiento directo de lo que ocurrió en la noche del 26 de septiembre de hace casi siete años en Iguala, ya que estaban asignados al C4 de la policía local.

Aseguró que hay datos incluso de la participación directa de algunos miembros de la Sedena en las desapariciones, pero que los altos mandos han impedido que avancen las investigaciones dentro de la institución armada.

Vidulfo Rosales consideró que los primeros cinco años de la investigación fueron de simulación porque se ocultó la verdad del paradero de los jóvenes.

“Fue una simulación porque se avocaron a ocultar el paradero de los normalistas con todo el aparato institucional y en esta administración hay voluntad política del Ejecutivo, sin embargo, otras instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y algunas dependencias en Guerrero han obstaculizado, ya que no han puesto toda la capacidad para el esclarecimiento de los hechos”, explicó.