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martes, 2 marzo , 2021

ISSSPEG, al borde de la quiebra por adeudos de CAPAMA y de los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco

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  • Las administraciones municipales de Acapulco y Chilpancingo, así como la del órgano operador del servicio de agua del puerto, adeudan 800 mdp entre los 3

Los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) son los principales deudores del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), ya que adeudan más de 800 millones de pesos entre los tres.

De acuerdo con un documento al que se tuvo acceso el periodista Federico Sariñana, 22 organismos (entre ayuntamientos y organismos) cerraron 2020 con una deuda total de 896 millones de pesos, de los cuales 800 corresponden a los dos ayuntamientos y a Capama.

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En cambio, los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) se mantienen al corriente, e incluso el gobierno del estado ha realizado aportaciones por adelantado para garantizar la subsistencia del ISSSPEG.

El Ayuntamiento de Acapulco es el principal deudor del ISSSPEG, pues hasta el cierre de 2020 debía 319 millones 925 mil pesos. Le sigue la Capama que adeuda poco más de 284 millones, mientras que el Ayuntamiento de Chilpancingo debe 205 millones 425 mil pesos.

La deuda de otros entes es mucho menor. Después de los tres principales deudores se encuentra el municipio de Taxco con 12 millones 862 mil pesos; la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (Capami) 8 millones 815 mil pesos.

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Ayotac y Leonardo Bravo deben 6 millones y 6 millones 800 mil pesos respectivamente.

Durante los últimos años, los Ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco, así como la Capama, han dado evasivas al ISSSPEG ante el reclamo por los pagos, lo que ha provocado que encuentre al borde la quiebra y que no pueda cubrir los compromisos con los jubilados y pensionados.

De acuerdo con el documento, el ISSSPEG plantea recurrir a “otras medidas jurídicas” ante la negativa de pago de las autoridades municipales y la posibilidad de que, por la cercanía del proceso electoral, los titulares dejen el cargo de manera temporal o definitiva.

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