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martes, 1 diciembre , 2020

Feministas reprochan la reforma regresiva sobre la despenalización del aborto

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  • La propuesta de la Comisión de Justicia “condicionaría la causal de interrupción por violación a las 12 semanas, cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo”, afirman

Jesús Saavedra

Cuatro organizaciones que han pedido la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Guerrero, señalaron a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado por presentar una iniciativa sobre el aborto por violación “regresiva y que violentaría la salud reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes”.

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Este domingo, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (Obvio Guerrero); Justicia, Derechos Humanos y Género, y Católicas por el Derecho a Decidir, emitieron un comunicado en el que expresan su inconformidad con la postura de la Comisión de Justicia que preside el priista Omar Jalil Flores Majul.

Además realizaron una movilización afuera del Congreso del Estado durante la cual recordaron que el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

(Conavim) recomendó “estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación, en específico el artículo 159 del Código Penal en Guerrero”.

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Sin embargo, consideran que la Comisión de Justicia propuso una serie de reformas que serían “regresivas, ya que condicionaría la causal de interrupción por violación a las 12 semanas, cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo, debido a varias razones, entre ellas que es difícil que las mujeres, adolescentes y niñas acudan a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por temor, porque se encuentran en lugares lejanos, porque no cuentan con los recursos necesarios, por vivir en contextos de pobreza, por ser menores de edad”.

Señalan las activistas que en la propuesta de reforma se “condiciona la ILE a la denuncia penal, requiriendo que una mujer, niña o adolescente víctima de violencia sexual, cuente con el aval del Ministerio Público antes de que la interrupción le sea practicada”, pero recuerdan  Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades”.

Además señalan que “condicionaría a que las niñas y adolescentes vayan acompañadas por sus padres, extendiendo la edad no solo para las menores, sino a las jóvenes de hasta los 18 años, para que acudan ante las autoridades acompañadas de sus padres, sin tomar en cuenta que en la mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad, los agresores son sus propios familiares”.

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Agregaron además que “sancionaría y criminalizaría al personal de salud que sea progresista y garantista de los derechos reproductivos de las mujeres; estableciendo que deberán dar vista al DIF y a la Secretaría de la Mujer cuando se presente un caso”.

Señalaron de manera directa a los legisladores del PRI, Omar Jalil Flores Majul; del PAN, Guadalupe González Suástegui; del PRD, Servando de Jesús Salgado Guzmán, y de Morena, Moisés Reyes Sandoval y Ossiel Pacheco Salas, de promover esas reformas que sostienen es “regresiva y una aberración que busca poner mayores candados legales que pudieran derivar en embarazos forzados, afectando de manera particular a las mujeres, niñas y adolescentes indígenas del estado”.

Consideraron que esa regulación “restringiría innecesariamente el acceso a servicios especializados de salud para las mujeres guerrerenses, pues limitaría el acceso a la ILE, contraviniendo lo establecido en la Ley General de Víctimas, la cual no obliga a las mujeres agredidas a acudir ante el Ministerio Público para acceder a los servicios de Salud, contraviniendo también la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual no señala este requisito para el acceso al servicio especializado de salud”.

Por ello exigieron al Congreso “legislar de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos; convoquen a un parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil; garanticen los derechos de las mujeres y su actuar se aleje de creencias religiosas o de la postura de grupos conservadores, que impiden la garantía de los derechos de más del 50% de la población en la entidad”.

Añadieron que frente a la violencia sexual que prevalece en Guerrero “es necesario que las reformas y legislaciones que se impulsen desde el Congreso del Estado, evidencien el compromiso con las mujeres guerrerenses y las modificaciones sean progresivas no regresivas”.

Informaron que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a julio del 2020 se registraron en la entidad 350 casos de violación, 452 casos de abuso sexual y 13 denuncias por aborto, pero “la propuesta impulsada no contempla el contexto de violencia que viven las mujeres en Guerrero”.

Afirmaron que los tres poderes del estado “tienen una deuda histórica con las mujeres guerrerenses, luego de haber recibido recomendaciones específicas y puntuales por parte del Grupo de Trabajo de la Conavim que pudieron haber cumplido durante un lapso de seis meses para que no fuera decretada la AVG por agravio comparado, sin embargo, al no realizarlas, en junio de este año Guerrero se convirtió en el segundo estado con dos alertas de género, una por feminicidio y otra por agravio comparado, por lo que una vez más la Comisión de Justicia queda evidenciada y pone al Congreso del Estado de Guerrero a prueba de manifestar —con reformas progresivas— el compromiso de Poder Legislativo con las mujeres guerrerenses”.

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