- * Madre y esposa de Juan Pablo de la Cruz se quejan por las irregularidades durante aprehensión y posterior puesta a disposición de un juez
Jesús Saavedra
Familiares de Juan Pablo de la Cruz Reyes denunciaron actuaciones “graves e irregulares” de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) para vincularlo con el asesinato de la menor Ayelin Iczae, ocurrido la semana pasada en Tixtla, y afirmaron que “están realizando investigaciones apresuradas para involucrar a gente inocente”.
El viernes pasado, la mamá de Juan Pablo, Marta Reyes Martínez, y su esposa, Dulce Guasco Vázquez, denunciaron que la FGE, en un operativo de agentes Ministeriales, el miércoles por la tarde detuvo al campesino en Tixtla y después lo trasladó a Chilpancingo “para declarar”.
Ambas mujeres acudieron a la FGE para conocer la situación jurídica de Juan Pablo, pero les informaron que ahí no lo tenían detenido, e inclusive les pidieron una fotografía de Juan Pablo para que la Fiscalía Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitiera una alerta de búsqueda y localización.
Este domingo, ambas ofrecieron una conferencia afuera de la FGE, de donde no se han movido desde el pasado viernes y debido a su persistencia, el sábado por fin aceptaron que Juan Pablo estaba detenido, pero que sólo era por posesión de un cigarro de mariguana y que en horas recuperaría su libertad.
Dulce Guasco explicó que se reunieron con el fiscal regional en la zona Centro, Ernesto Jacobo García, quien les informó que Juan Pablo estaba detenido por posesión de un cigarro de mariguana y que en un plazo de 72 horas sería puesto en libertad, lo cual no sucedió.
Dijo que en este caso se están cometiendo graves irregularidades, porque fue detenido desde el miércoles, pero no fue puesto a disposición de manera inmediata ante un juez porque existe constancia de su detención hasta el jueves, y en la Fiscalía de combate al narcomenudeo, “sólo estaban ganando tiempo”.
“Él estaba contento porque iba a salir, nos decían que sólo era papeleo”, dijo la señora Marta Reyes García, quien explicó que pudo hablar con su hijo en los separos de la Policía Ministerial y que le indicó que estaban otras tres personas detenidas, pero que estaba confiado de salir en libertad “porque mi hijo no es ningún delincuente”.
Añadió que “este domingo ya nos dijeron que están declarando ante un juez y que se necesita de un abogado para que responda su asistencia jurídica, acá nos tuvieron desde el viernes con engaños, con mentiras y con muchas burlas de los policías y de los abogados (de la FGE)”.
Insistió que el día que desapareció la menor Ayelin Iczae, Juan Pablo se encontraba en su domicilio y que realizaba sus actividades cotidianas de manera normal; “nos enteramos de su desaparición de la menor, pero mi hijo iba al campo, fue a ver a sus hijos a Atliaca el domingo, ahí estuvo hasta el lunes que regresó a la casa, de donde se lo llevaron el miércoles”, agregó.
Se dijeron “engañadas por el fiscal Ernesto Jacobo García y esas actuaciones dolosas sólo indican que están cometiendo actos graves e irregulares en esta investigación, donde podrían acusar a un inocente como mi esposo”.
Durante la manifestación, salió un agente de la Policía Ministerial quien se identificó como el encargado de la guardia del inmueble y les dijo que Juan Pablo ya no estaba en los separos, “ya están declarando ante un juez”, lo que molestó a su mamá, quien le reprochó que “nada más nos están engañando y se burlan de nosotras”.
Dulce Guasco indicó que en las próximas horas acudirán a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (CDDHG) a interponer una queja en contra de Ernesto Jacobo García y quien resulte responsable.
El viernes pasado, el titular de la FGE, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, informó escuetamente que se tenían identificadas a tres personas y el perfil genético de una más que habrían participado en el crimen de Ayelin Iczae, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el lunes 19 de octubre.
El viernes, afuera de la FGE, la señora Sonia Patricia Organista del Carmen acudió a denunciar que no han actuado internamente en contra del agente del Ministerio Público, Rubén Jacobo Mendoza, y el fiscal regional en la zona Centro, Ernesto Jacobo García, a quienes acusa de haber cometidos actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones.
Explicó que en julio pasado los dos funcionarios en mención encabezaron un operativo en la colonia La Guadalupe en Chilpancingo, donde sembraron droga y se robaron 60 mil pesos a ella y su esposo, quienes obtuvieron su libertad e interpusieron una denuncia interna, por la cual no se ha procedido.