- Omar Trejo explicó a padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala que así lo demuestra la identificación de los restos de Christian Rodríguez, hallados a precisamente a 800 metros de ese sitio
Redacción
El hallazgo de un resto óseo que permitió la identificación de Christian Rodríguez Telumbre, en julio de este año, confirmó que la versión del río y del basurero de Cocula “fueron una invención para acallar las voces de ustedes, padres y madres, para negarles la búsqueda de sus hijos. A ellos les interesaba callarnos, es decir, esconder las cosas a través de la creación de una verdad que no existió”.
Así lo afirmó el titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, al rendir un informe sobre los avances de las investigaciones del caso a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Durante la reunión que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el sábado pasado, el funcionario de la FGR señaló que la caída de la llamada ‘verdad histórica’ también se confirma por los avances en la judicialización de personas responsables del encubrimiento de los hechos, aunque los restos del normalista Christian Rodríguez fueron hallados en una barranca que está ubicada a unos 800 metros del basurero de Cocula.
Gómez Trejo destacó la orden de captura a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien se encuentra prófugo de la justicia, por la manipulación de la investigación de este caso. “Esperamos la colaboración del país en donde se encuentre escondido para lograr su extradición, a fin de que enfrente la justicia aquí, dando la cara a ustedes y a la sociedad mexicana”, precisó.
Acusó que un grupo de policías federales ministeriales, funcionarios públicos de otras dependencias y ministerios públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación para Delincuencia Organizada (SEIDO) de la extinta PGR, dejó sus huellas de sus ilícitos en diversas averiguaciones previas relacionadas con el caso.
Informó que la unidad que dirige procesó y vínculo a proceso a la Ministerio Público, Blanca Alicia Bernal Castillo, actualmente presa y acusada por los delitos de tortura, falsificación de documento agravado contra la administración de la justicia y ocultamiento de personas desaparecidas.
La FGR acusó tanto a Tomás Zerón como a Blanca Alicia Bernal de la utilización de la tortura como medio generalizado de investigación, “ya que todas y cada una de las personas que presentaron ante los medios de comunicación a través de sus conferencias de prensa en el mes de octubre de 2014, fueron previamente torturadas por estos servidores”. Incluso, hicieron públicos una serie de vídeos de personas presuntamente responsables de los hechos, que “hicieron pasar dolosamente por entrevistas psicológicas” aunque en realidad eran “interrogatorios bajo tortura”. Unos vídeos que “no se encuentran glosados” a ninguna averiguación previa ni fueron localizados en los registros de la investigación.
Dijo que el 27 de enero de 2015, por ejemplo, Zerón y sus funcionarios dieron una conferencia de prensa para señalar que la detención de Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, era clave en la investigación y que había confesado su participación en los hechos, a sabiendas que 11 días antes lo había torturado gravemente.
La Fiscalía cuenta con material que demuestra el montaje de Zerón en el escenario del río San Juan, a donde el 28 de octubre de 2014, llevó de manera ilícita al señor Agustín García Reyes, a quien trasladó en helicóptero, torturó y, en las orillas del río San Juan, lo obligó a señalar una serie de bolsas en las que se encontraron restos óseos, sin que se siguieran los procedimientos que manda la ley.
Añadió que el acta circunstanciada de esta diligencia fue falseada, ya que estos restos, del estudiante Alexander Mora Venancio, siempre estuvieron en la Ciudad de México en las instalaciones de la Seido.
Gómez Trejo anunció que la unidad realizará una serie de diligencias ministeriales sobre los huesos que fueron encontrados en la barranca de ‘La Carnicería’, en el mes de diciembre de 2014., porque “nadie ha estudiado a fondo estos restos, los cuales guardaban el sueño del olvido en una bodega de la ex PGR”.
En una resolución ministerial se dijo que no guardaban concordancia con los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes, sin que se hubiesen realizado pruebas de ADN sobre ellas y contarán con los estudios de los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Esto se realizó con la finalidad de cerrar todas aquellas líneas de investigación y paradero de los estudiantes que no casaran con su versión inventada. “Estamos investigando para que se rompan los pactos de silencio. La Fiscalía está convencida que la versión que inventaron buscaba dar impunidad a los verdaderos responsables y protegerlos”, dijo.
Gómez Trejo dijo que la unidad ha obtenido 70 órdenes de aprehensión, de las cuales 34 son órdenes para policías municipales, pero no especificó de qué municipios.
Añadió que de estas, ya se cumplieron 24, y faltan otras 25 órdenes en contra de los autores intelectuales y materiales de la desaparición. Dichas órdenes comprenden policías de diversas municipalidades, policías federales, miembros del Ejército, así como funcionarios y exfuncionarios de la extinta PGR y miembros de la delincuencia organizada.
Destacó que “es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal”, ya que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policiacos distintos a los municipales. Este día, el policía Víctor Manuel ‘N’, quien participó en los hechos del Palacio de Justicia de Iguala, recibió el auto de formal prisión.
Asimismo se han librado 10 órdenes de aprehensión por hechos constitutivos de tortura, 8 de estas personas ya se encuentran privadas de su libertad, con auto de formal prisión y sujetos a juicio. La última captura, el pasado 15 de septiembre, fue la de Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial en el tiempo de los hechos. Gómez Arrieta participó en el intento de asfixia con una bolsa de plástico a Carlos Canto Salgado (señalado como integrante de Guerreros Unidos) para que confesara.
Reconoció el trabajo de asistencia técnica internacional de la ONU, así como de las organizaciones acompañantes, “pero sobre todo el increíble compromiso ustedes padres y familia que al día de hoy mantienen una lucha fuerte digna frente a lo que es el esclarecimiento del caso de sus hijos”.