- El coordinador de Sembrando Vida dijo que el agrónomo que denunció al delegado del gobierno federal ante la Fepade, fue despedido de la administración federal por “violencia laboral”
Jesús Saavedra
El coordinador en Guerrero del programa federal ‘Sembrando Vida’, Alejandro Zepeda Castorena afirmó que la denuncia penal por la presunta utilización de recursos públicos para promover las aspiraciones política del delegado del gobierno Federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y que interpuso el dirigente de la Unión de Ingenieros Agrónomos Guerrerenses (UIAG), Eloy Romero Gatica “es por una revancha”, pues fue despedido de la administración federal.
Este martes, el funcionario federal ofreció una conferencia de prensa en la que explicó que Romero Gatica fue contratado por la subsecretaría de Planeación Evaluación y Desarrollo Regional dentro del Programa ‘Sembrando Vida’ y que no fue personal dependiente de la delegación de programas para el Desarrollo en el Estado.
Indicó que estuvo laborando hasta el 30 de junio pasado en la Coordinación Territorial del Estado de Guerrero, de donde fue separado de sus funciones al haber acumulado “diversas irregularidades” en la prestación de sus servicios.
Dijo que Eloy Romero tiene una denuncia por violencia laboral presentada ante el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero, presentada el 23 de junio de este año, y por el incumplimiento de sus funciones oficiales por una denuncia del alcalde de Zitlala, el 23 de mayo; además de que se le acusa de designar, sin contar con las atribuciones correspondientes, becarios en los municipios de Zitlala, Mártir de Cuilapan y Tixtla de Guerrero.
Esos becarios realizaron trabajos de encuestas, geolocalización y entrega de tarjetas, desplazándose a territorio sin estar vinculado al programa, representando riesgo a su integridad y riesgo de trabajo, y sin la certeza de que cumplan con los requisitos para ingresar al Programa.
Zepeda Castorena, agregó que por esas anomalías en su actuación como servidor público se procedió a denunciar dichas irregularidades ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, para que a través de su área de Quejas Denuncias e Investigaciones, lleve a cabo la investigación de los hechos denunciados y determine si existe presunta responsabilidad administrativa de los hechos atribuibles.
Y añadió que respondieron a esa denuncia penal de manera “institucional, y no especularemos sobre una denuncia sin fundamento jurídico, ni lógica alguna y estamos seguros que en unos días los órganos jurídicos correspondientes declararán desestimada y sin fundamento”, agregó.