• *No habrá confrontación con el gobierno de López Obrador, subrayaron

Gilberto Guzmán

La Comisión de Armonización de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) se pronunció a favor que la Administración Central timbre la nómina universitaria para cumplir la ley y los trabajadores contribuyan con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a sus prestaciones, como exige el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que ha provocado molestia de los sindicatos.

En un mensaje que se transmitió por redes sociales, los integrantes de la comisión: Berenice Illades Aguiar; Efrén Marmolejo Vega y Arturo Miranda Ramírez dijeron que tienen confianza en que el rector, Javier Saldaña Almazán gestionará ante el gobierno federal y estatal un bono para resarcir el impacto económico en los ingresos de los trabajadores universitarios.

Sin embargo, pidieron a los sindicatos y a los trabajadores cerrar filas y no caer en discursos de algunos líderes universitarios que por intereses personales “pretender meter a la universidad en una crisis”, al convocar a movilizaciones de protesta contra esta disposición que es de carácter federal.

Efrén Marmolejo Vega subrayó ya no se puede postergar el cumplimiento fiscal de los trabajadores universitarios: “es un asunto legal que todos los mexicanos que percibimos un salario, estamos obligados a cumplir con nuestros impuestos”.

Informó que se ha generado desinformación “con dolo o no” sobre este tema al interior de la UAGro y entre la opinión pública, porque fue la Comisión de Armonización, entre otros, quienes propusieron tanto al Consejo Universitario como al rector Javier Saldaña “no dilatar más la aplicación de este timbrado de nómina, que por obligación de ley tenemos ya”.

Marmolejo detalló que según la Reforma Fiscal del 2012 el Impuesto Sobre la Renta se aplica a los ingresos acumulados, y los trabajadores de la UAGro son sujetos de esta responsabilidad, pero corresponde a la administración de la Universidad realizar los cálculos y efectuar los descuentos para informarle mes a mes al SAT, y al cierre del año aplicar los respectivos ajustes.

“Desde entonces está claro que el ingreso integrado de los trabajadores universitarios lo es tanto el salario como todos los acumulables que tengamos, incluidas las becas y prestaciones que recibimos, particularmente lo referido a nuestra prima de antigüedad”, comentó.

Agregó que de 2012 hasta el 2013, que se aprobó la siguiente reforma no se exigió de manera específica la aplicación del ISR sobre las prestaciones particulares, porque se resolvió con ciertos convenios que había entre el SAT y los gobiernos estatales, a los cuales les facultaba aplicar este impuesto y dejarlo en las arcas estatales.

Indicó que la reforma del 2014 estableció que debía aplicarse en el año 2015, pero al no aplicarse se planteaba una irregularidad que se fue paliando por un lado con la presión de los trabajadores, de los sindicatos, que pretendían la exención de ese pago.

En el caso de la UAGro, comentó que se hicieron gestiones e incluso en el 2018 se informó a la comunidad universitaria que era necesario aplicar el impuesto en el timbrado de la nómina, “hubo oposición, se tomaron calles, se hicieron marchas, los sindicatos se pronunciaron por la no aplicación”.

Se negoció con el gobierno estatal y en principio se propuso resolverlo mediante el apoyo de un bono, como otras instituciones, pero el bono resarcía solo una parte de la afectación al salario, y afectaba la prima de antigüedad que en la UAGro no es equitativa para todos, porque depende de la antigüedad y de las categorías académicas de cada trabajador.

En consecuencia, no se aceptó la propuesta del gobierno estatal sobre el bono, y cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comenzó a aplicar una política de austeridad y de no privilegios fiscales.

“En ese sentido y ante la imposibilidad de las gestiones que se hicieron para que no fueran gravadas la parte complementaria de los ingresos, que no lo hicimos en la Universidad, fue imprudentemente exigida por el SAT a la Universidad, y en ese punto estamos ahora”.

Marmolejo Vega subrayó que la UAGro no está en la postura de generar un conflicto con el gobierno federal por este tema, y que no se está negando a la aplicación del impuesto ni está respaldando las movilizaciones para presionar.

“No es ninguna confrontación con el gobierno, al contrario, es sumarnos a este esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de tener una nación que ahorra, que aplica un régimen de austeridad, pero también sin privilegios fiscales”, apuntó.

Por su parte, Berenice Illades señaló que “la Universidad está obligada a dar cumplimiento al timbrado de la nómina, hecho no observado desde el año 2014, dadas las presiones por un lado de los sindicatos, de sus agremiados que con el tiempo lo que hicieron fue prolongar lo que ahora es improrrogable”.

Agregó que existe “la necesidad de dar cumplimiento a la ley” como lo requiere el gobierno federal a través del SAT, so pena de intervenir el subsidio federal de la UAGro, medida que afectaría fundamentalmente los salarios de los trabajadores universitarios y sus funciones sustantivas y adjetivas, concluyó.