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lunes, 23 mayo , 2022

2020, el año “más letal” de violencia contra las mujeres, lamenta Tlachinollan

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  • * Sandra Alarcón, abogada de esa organización, reprochó que a pesar de esa situación, el gobierno federal haya reducido el presupuesto para prevenir que las mujeres sufran más violencia

Jesús Saavedra

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ condenó que el gobierno federal haya reducido drásticamente los recursos destinados a la prevención y atención de la violencia de género, en especial en estados como Guerrero, a pesar de que las cifras del 2019 y lo que va del 2020 ha sido “el más letal” en la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos en México.

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Este martes, representante de esa organización no gubernamental participó en un enlace virtual en el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el informe del aumento de la violencia contra las mujeres y que puso énfasis en la situación de las mujeres indígenas de Guerrero en contexto de la pandemia.

La abogada de ‘Tlachinollan’, Sandra Alarcón, señaló en la transmisión que las organizaciones locales, nacionales y regionales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México “saludamos el informe que la Relatoría pone a disposición este martes”.

Afirmó que las defensoras de derechos de las mujeres recibieron este reporte de la ONU en un contexto por demás adverso en materia de violencia de género, “tras haber cerrado 2019 como el año más letal para nosotras según las cifras oficiales”.

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Añadió que “la pandemia ha agudizado esta situación hasta tal punto que, desde el confinamiento iniciado en marzo, se han roto récords de llamadas de emergencias asesinatos de mujeres; y se han registrado decenas de agresiones contra defensoras y periodistas, como el asesinato de María Elena Ferral, directora de El Quinto Poder”.

Afirmó que las medidas que implementaron autoridades de Salud en el país para enfrentar la pandemia, “no han contemplado disposiciones complementarias ni diferenciadas frente a esto. La mayoría de procuradurías y tribunales han suspendido o reducido sus labores, en perjuicio del acceso a la justicia y las medidas de protección a favor de nosotras”.

Sandra Alarcón subrayó que el gobierno de México “ha profundizado la austeridad a través de un decreto que reduce el 75 por ciento del presupuesto de la administración pública, sin considerar prioritarios a los programas para la atención a la violencia de género”.

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Puso como ejemplo la precaria situación de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, “programa para atender a víctimas de violencia que prácticamente se ha quedado sin financiamiento; así como el proceso legislativo de la iniciativa de ley que podría extinguir el fideicomiso para el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas”.

Por ello urgió al Estado mexicano a replantear su estrategia de atención a la pandemia y que “contemple acciones claras para atender la violencia de género y se aseguren los recursos necesarios para llevarlas a cabo”.

Sandra Alarcón explicó que la violencia de género en Guerrero “es una problemática estructural; la entidad cuenta con una Alerta de Violencia Género decretada desde el 22 de junio de 2017, en 8 de sus principales municipios; la otra alerta  decretada el pasado 5 de junio por Agravio Comparado, ante el incumplimiento del estado en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres. De esta forma, Guerrero se convierte en el segundo estado de la República en decretar una alerta de este tipo”, explicó.

Indicó que durante la contingencia sanitaria por el COVID 19, “las cifras de violencia de género a nivel estatal se han incrementado al igual que nivel nacional. Si bien las cifras públicas no aportan todos los casos de violencia de género, sí muestran un incremento en los primeros cinco meses del año con mil 195 casos de violencia familiar y 126 de violencia de género en cualquier otra modalidad”.

Dijo que ante ese incremento de casos, “las autoridades estatales se han visto rebasadas ante las medidas de confinamiento que han profundizado el rezago que ya existía en las investigaciones de violencia de género y acciones para su atención. Derivado de este aumento, en un acto sin precedentes, el pleno del Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para agilizar los procesos de investigación de casos de violencia contra las mujeres, especialmente ante la contingencia sanitaria. Sin embargo, no se ha atendido ni se han impulsado acciones para mejorar este problema”.

Lamentó que a pesar de que se han realizado diversas recomendaciones a nivel nacional e internacional al estado de Guerrero para atender la violencia de género de manera estructural, “el contexto de violencia, corrupción e impunidad vigentes han generado que estas estructuras sean difíciles de cambiar. En la entidad existen varios espacios que buscan coadyuvar a la atención de la violencia de género, de manera institucional y comunitaria, pero se enfrentan a constantes obstáculos para su funcionamiento ante la falta de políticas públicas claras y recursos económicos”.

Ejemplo de ello expuso el caso de Ciudad de las Mujeres en Tlapa, “una institución creada por la extinta Secretaria de Desarrollo Social en 2015 y que buscaba brindar atención jurídica, médica y psicológica a mujeres indígenas que sufrieran violencia de género; sin embargo, al ser creada por una secretaría que no tenía como objetivo atender la violencia género, ha sufrido, desde el inicio, de falta de presupuesto, por lo que generalmente no opera”.

Y por otra parte, recordó que este año se terminó la construcción de una nueva Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI o CAMIS) en el municipio de Ayutla de los Libres, “sin embargo, ante el decreto de austeridad presidencial que analizaremos infra, no cuenta con recursos disponibles para operar. En el mismo municipio se encuentra la construcción del Centro Comunitario y Albergue para mujeres y niñas indígenas: una medida de reparación impulsada para el caso de Inés Fernández Ortega en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tampoco ha podido operar ante la falta de recursos”.

La abogada de ‘Tlachinollan’ señaló que esta precaria situación “se agrava en tanto los estados de la República cuentan con menos partidas presupuestarias que puedan destinar recursos para la atención de la violencia de género. Por lo que hay una fuerte dependencia de fondos federales; la reducción presupuestaria a nivel nacional afecta desproporcionalmente a las entidades federativas, que, de contar con los recursos necesarios, podrían hacer funcionar estas instituciones en esta contingencia”, agregó.

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