El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, llamó a los tres niveles de gobierno garantizar la paz y la seguridad en la entidad.
En entrevista, el ombudsperson dijo que es necesaria una estrategia que brinde “seguridad inmediata y contención de los grupos beligerantes”.
Consideró que se debe “trabajar muy duro” en esos dos objetivos y que la Guardia Nacional debe dar resultados en materia de detenciones.
Navarrete Magdaleno se refirió de manera particular a los hechos de violencia ocurridos en la localidad de Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, donde 10 hombres fueron asesinados y los niños del pueblo fueron armados y adiestrados para integrarse a las labores de seguridad de la Policía Comunitaria.
Destacó que el gobierno del estado “está haciendo la parte que le toca” para atender a las víctimas, con un seguimiento especial a viudas y huérfanos.
Pero insistió en que es necesario que las instancias procuradoras de justicia y las corporaciones de seguridad refuercen sus estrategias para pacificar esa zona.
Señaló que existe una “rivalidad” con el grupo criminal que opera en la región, lo que ha generado una violencia “cíclica” con decenas de muertos.
El presidente de la CDHEG descartó que la rivalidad se deba a un “pleito de tierras”, como afirmó el obispo Salvador Rangel Mendoza.
Subrayó que la zona carece de ríos, la tierra es poco productiva y no hay condiciones de desarrollo.
En cambio, señaló que muchas de las policías comunitarias que operan en Guerrero están en duda y son, por el contrario, “grupos armados” que se dedican al secuestro y la extorsión y amparan sus acciones bajo el argumento de los usos y costumbres.